En el marco de la compleja situación política y social de Venezuela, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado una nueva polémica con su declaración desde Cúcuta, en la que pidió una intervención militar internacional para desalojar del poder a Nicolás Maduro. Uribe argumentó que todas las vías diplomáticas han sido inútiles frente a lo que considera un régimen tiránico que ha devastado las libertades y la economía del país vecino. Este pronunciamiento, aunque coherente con su postura histórica, plantea interrogantes profundos sobre las consecuencias y las alternativas reales para la situación venezolana.

Un balance fallido de la diplomacia internacional

Uribe afirmó que organismos como el Centro Carter, la Unión Europea y las Naciones Unidas han sido cómplices pasivos del desmoronamiento de la democracia en Venezuela. En su diagnóstico, la falta de acción contundente de la comunidad internacional ha permitido la consolidación de un régimen represivo que violenta la Carta Democrática Interamericana. Esta crítica tiene asidero en el hecho de que, tras numerosas elecciones cuestionadas y denuncias de violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Maduro sigue en pie, mientras millones de venezolanos enfrentan una crisis humanitaria.

Sin embargo, la propuesta de Uribe de una intervención militar plantea múltiples riesgos. Las lecciones de la historia, desde la invasión a Irak hasta las operaciones en Libia, nos recuerdan que las acciones militares internacionales a menudo generan caos, debilitamiento institucional y prolongadas etapas de reconstrucción. Venezuela, un país ya fracturado, podría ser escenario de una guerra civil o convertirse en una zona de inestabilidad crónica.

Intervención militar: ¿solución o complicación?

Los llamados a una intervención militar han sido habituales en los sectores más críticos de la oposición venezolana y en líderes internacionales como Uribe. Pero, ¿qué tan viable es esta opción? Primero, la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una acción militar es remota, dada la protección de Rusia y China al gobierno de Maduro. Segundo, las consecuencias de una intervención sin legitimidad internacional podrían ser devastadoras: una mayor militarización del conflicto, el incremento de la violencia y un nuevo éxodo masivo de ciudadanos.

El expresidente también sugiere que una intervención debe contar con la participación del Ejército venezolano. No obstante, este estamento está profundamente alineado con el régimen, no solo ideológicamente, sino también mediante estructuras de corrupción y redes criminales. Pensar que una parte significativa de las fuerzas armadas se sumaría a una coalición militar extranjera parece, cuando menos, ingenuo.

Un llamado a la reflexión

Las palabras de Uribe también representan una advertencia para Colombia. La próxima elección presidencial de 2026 es una oportunidad crucial para fortalecer las instituciones democráticas, erradicar la corrupción y evitar el contagio del populismo autoritario. Sin embargo, el camino hacia la democracia no puede estar pavimentado con soluciones simplistas o militaristas.

La tragedia venezolana merece una respuesta internacional más firme, pero también más creativa y respetuosa del derecho internacional. Las sanciones financieras dirigidas, el apoyo a la oposición democrática y la apertura de canales humanitarios son opciones que deben fortalecerse antes de considerar soluciones armadas.

En resumen, el grito de alarma de Uribe es comprensible por la magnitud de la crisis venezolana, pero su receta podría traer más perjuicios que beneficios. Las dictaduras también se derrotan con ideas, resistencia pacífica y una comunidad internacional unida, no solo con cañones.

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