El video que circuló esta semana en redes sociales desde San Sebastián, Cauca, no solo muestra un acto de hostigamiento armado: es la síntesis de una realidad dolorosa que atraviesa décadas sin resolverse. Allí, en El Rosal, un vocero del ELN increpa a una comunidad indígena por permitir la presencia del Ejército Nacional. Lo que podría parecer un reclamo entre partes enfrentadas, en realidad, revela la profundidad de la crisis institucional en zonas periféricas del país.

Cuando un grupo guerrillero convoca a una comunidad a rendir cuentas y exige la expulsión de una fuerza estatal —la misma que debería garantizar su seguridad— no estamos solo ante una amenaza directa: estamos presenciando la evidencia más cruda de la ausencia de Estado y del secuestro territorial por parte de actores armados ilegales.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), reconocido oficialmente como grupo terrorista por el Gobierno colombiano y por entidades internacionales como Estados Unidos y la Unión Europea, ha operado históricamente en regiones apartadas como el Macizo Colombiano. Su lógica de control no se limita al uso de las armas, sino que impone reglas, sanciones y estructuras de poder paralelas a las de la república.

La conversación, tensa y cargada de advertencias veladas, entre el líder comunitario y el guerrillero del ELN, ilustra el dilema existencial de las comunidades indígenas: si acogen al Ejército, son blanco de represalias de los grupos armados; si los rechazan, quedan aún más expuestos. El Estado ha delegado la protección de la soberanía en regiones que, por décadas, han sido consideradas “zonas grises” fuera del radar institucional.

Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo llevan años advirtiendo sobre la expansión de grupos ilegales en el sur del Cauca. A pesar de estos llamados, las respuestas han sido lentas, desarticuladas o puramente reactivas. En lugar de una estrategia integral, lo que se ha visto es una suerte de ajedrez táctico, donde las fuerzas del orden se instalan sin una política social y estructural de respaldo. ¿El resultado? El Ejército aparece como actor transitorio y, en el peor de los casos, como un jugador más del conflicto, al menos a los ojos de las comunidades.

La situación del Macizo no es aislada. La disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC en esta región se ha intensificado por el control de rutas estratégicas, economías ilegales y dominio político. Pero a diferencia de los grandes titulares de Bogotá, Medellín o Cali, aquí los habitantes viven entre la espada y la pared, en un conflicto de baja visibilidad y alta letalidad.

Hoy más que nunca, urge una presencia estatal que vaya más allá del despliegue militar. Es necesario recuperar la legitimidad del Estado en el territorio, no solo con botas y fusiles, sino con salud, educación, justicia y desarrollo. El monopolio de la fuerza no sirve de nada si las comunidades no lo perciben como protector sino como una amenaza más.

El desafío para el Gobierno Nacional es claro: no se puede hablar de paz total si no se tiene control del territorio. Y no se puede tener control del territorio si las comunidades no confían en el Estado. Mientras tanto, el Macizo Colombiano seguirá siendo un terreno en disputa —no solo entre armados, sino entre la esperanza de un país en paz y la repetición infinita de su guerra.