El gobierno del presidente Gustavo Petro está marcando un récord: no en inversión social, no en reforma estructural, no en eficiencia administrativa. El verdadero récord lo lleva la expansión de la burocracia estatal. En solo un año, entre 2023 y 2024, el número de empleados públicos creció en más de 27 mil personas, pasando de 889 mil a 916 mil. Una cifra que no se veía ni siquiera en los años más duros de la pandemia.

Lo que sorprende no es solo el volumen, sino el momento. Este crecimiento ocurre en plena crisis fiscal. Mientras el país enfrenta una caja vacía, el gobierno pide adelantar impuestos de 2026 y amenaza con declarar una emergencia económica. ¿La prioridad? No es la inversión ni el gasto social: es el funcionamiento del Estado, es decir, sueldos, contratos y burocracia.

Una promesa rota

Gustavo Petro prometió en campaña acabar con los contratos de prestación de servicios (OPS), una figura que ha sido el sinónimo de precarización laboral en el Estado. Pero los datos muestran que su gobierno ha hecho lo contrario. Solo en entidades centralizadas, los contratos OPS pasaron de 45 mil en 2021 a 63 mil en 2024, un aumento del 40%, el más alto en los últimos tres periodos presidenciales.

Peor aún, el gasto asociado a estos contratos ya supera los 8 billones de pesos desde 2022. Y aunque el presidente también prometió contratos más largos, la realidad es que hoy duran en promedio 211 días, menos que en los gobiernos de Duque (230) y Santos (234). Es decir: más contratos, más cortos y más costosos.

¿Dónde está ese ejército de contratistas?

Buena parte de esta contratación se concentra en entidades con responsabilidades técnicas claves: la Agencia Nacional de Tierras, el Dane, el Igac y la Defensoría del Pueblo. Aunque se podría pensar que esto responde a demandas operativas —como el catastro multipropósito o el Censo Nacional Urbano—, también hay señales de desorganización y desgaste.

En el Dane, por ejemplo, la mayoría de contratos OPS son para censistas, pero el proceso ha sufrido múltiples retrasos y quejas por falta de pagos. En la Agencia de Tierras, contratistas aseguran que hay más reacomodos internos que verdadero crecimiento técnico.

Paradójicamente, la única entidad que ha reducido OPS es la Defensoría del Pueblo, que decidió contratar “solo lo estrictamente necesario”. Una excepción que confirma la regla.

Una tendencia que asfixia

El crecimiento burocrático no es nuevo. Desde 2016 el número de empleados públicos ha venido aumentando de forma constante, sin importar el gobierno de turno. Lo que cambia ahora es la velocidad: el crecimiento entre 2023 y 2024 fue del 3%, diez veces más que el promedio anterior (0,02%).

Y es también la prioridad. El presupuesto de 2025, en lugar de enfocarse en inversión o programas sociales, está concentrado en pagar funcionamiento. Es decir, alimentar el propio aparato estatal.

¿Hasta cuándo?

La expansión del Estado no es mala per se. Pero lo es cuando se hace sin eficiencia, sin dirección clara, y mientras el país está al borde de una crisis económica. Petro prometió transformación y justicia social. Pero lo que tenemos hoy es más burocracia, más gasto ineficiente y más frustración ciudadana.

La pregunta no es si necesitamos más funcionarios, sino si el país puede seguir pagando esta máquina que crece sin freno, mientras la inversión pública se ahoga y las promesas de cambio se diluyen en una maraña de contratos temporales.