En medio de la masiva movilización de comunidades indígenas hacia Bogotá para respaldar las marchas del 1° de mayo —convocadas por el Gobierno nacional—, vuelve al centro del debate una pregunta espinosa: ¿están las organizaciones indígenas participando activamente en la construcción del país, o su protagonismo es el resultado de una estrategia política financiada desde el Estado?

La respuesta, como suele ocurrir en el país político, se mueve entre los datos y la percepción. Lo cierto es que, según cifras revisadas por la Unidad de Datos de El Tiempo, desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro hasta la fecha, dos de las principales organizaciones indígenas del país —la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)— han suscrito contratos por más de $405 mil millones con distintas entidades del Estado.

En promedio, estas organizaciones han firmado tres convenios al mes desde agosto de 2022. Un volumen inédito de recursos que, para sectores críticos del Ejecutivo, podría estar estrechamente relacionado con su respaldo a las reformas sociales del Gobierno y su presencia activa en movilizaciones clave.

¿Participación legítima o clientelismo étnico?

Desde el progresismo se defiende esta relación contractual como parte de una estrategia de justicia histórica. “Durante décadas, las comunidades indígenas han sido marginadas de las decisiones del Estado y del acceso a recursos públicos. Hoy se reconoce su autonomía y se les permite implementar proyectos propios”, aseguran voceros del Gobierno.

Sin embargo, la oposición ve en la masiva llegada de más de 15.000 indígenas a la Universidad Nacional, en vísperas del Día del Trabajo, una señal clara de que la Minga se ha convertido en un brazo movilizador del petrismo. Y para ellos, los contratos millonarios serían la “moneda de cambio”.

No es solo un asunto simbólico. El CRIC, por ejemplo, ha recibido $225 mil millones en 53 convenios. La ONIC, por su parte, acumula $125 mil millones en 42 contratos. Entre los proyectos más cuantiosos está uno reciente por $57 mil millones para fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), que busca adaptar los modelos pedagógicos a las culturas ancestrales.

Más allá del objeto de los convenios —que incluye desde infraestructura vial en La Guajira hasta inclusión digital—, el momento y la frecuencia de estos acuerdos llaman la atención. En 2023, el CRIC pasó de recibir $2.300 millones a manejar más de $91 mil millones en contratos. Y en lo que va de 2024, esa cifra ya subió a $110 mil millones.

La pregunta clave: ¿quién financia la protesta?

Aunque las directivas de la Universidad Nacional han aclarado que los recursos logísticos (alimentos, higiene, salud) corren por cuenta de la Minga, los críticos del Gobierno dudan. La cercanía entre las fechas de firma de algunos convenios y las movilizaciones ha reavivado el debate sobre la legitimidad del uso de recursos públicos para financiar organizaciones que, si bien representan intereses colectivos, también fungen como actores políticos activos.

Norman Bañol, Representante a la Cámara por la Circunscripción Indígena, defendió la movilización y dijo que el desconocimiento de la gestión indígena por parte de los sectores tradicionales “alimenta prejuicios sin evidencia”. Sin embargo, él mismo reconoció que la Minga no es espontánea, sino que requiere una planificación logística y financiera compleja.

El trasfondo: una estrategia de poder

La movilización indígena no es nueva ni exclusiva de este gobierno. Pero lo que sí es novedoso es la escala de los recursos involucrados y su sistematicidad. En un país donde los contratos suelen ser el principal instrumento de poder, el acceso a $400 mil millones no es menor.

El gobierno Petro ha sido claro en su intención de gobernar “desde las calles” y no solo desde los despachos. Para lograrlo, necesita actores sociales capaces de convocar, movilizar y sostener presión ciudadana. En ese tablero, la Minga indígena es más que un aliado: es un actor estratégico.

Ahora bien, ¿esto es necesariamente negativo? No, si se hace con transparencia, bajo criterios técnicos y con supervisión rigurosa del cumplimiento de los objetivos de cada convenio. Pero si los contratos se convierten en una forma de retribuir el respaldo político, estamos ante un nuevo tipo de clientelismo: uno étnico, progresista y legitimado bajo el discurso de la reparación histórica.

La delgada línea entre participación y prebenda se vuelve borrosa cuando los intereses del Estado y los de las comunidades se confunden. Y en esa ambigüedad es donde se libra hoy uno de los debates más complejos del actual gobierno: ¿es esta una nueva forma de inclusión o un viejo mecanismo de poder con nuevos protagonistas?