La Presidencia de la República ha asumido un papel cada vez más activo en la organización de eventos de carácter político con recursos públicos. Y no es una percepción aislada. Es un hecho documentado: la contratación con la empresa Feeling Company SAS para la realización de actos logísticos y de producción en eventos presidenciales revela una estrategia deliberada del gobierno de Gustavo Petro para trasladar el debate político —y ahora electoral— a las calles, sin escatimar en presupuesto.

Según datos consultados por la Unidad de Datos de El Tiempo, esta empresa antioqueña ha recibido seis adiciones presupuestales desde que se firmó el contrato inicial en septiembre de 2023. El valor pactado entonces, de 7.090 millones de pesos, ya alcanza los 10.782 millones. Un aumento del 52 % que, más allá de los números, plantea preguntas esenciales sobre el uso del erario para fines que se acercan peligrosamente a la propaganda electoral.

Tres eventos, en particular, aparecen como piezas clave en esta maquinaria: la marcha del 18 de marzo, la concentración en Barranquilla del 24 de abril —donde el presidente arremetió contra el Congreso— y una reunión en Yopal el 25 de abril, escenario de la controversial mención a una “mini reelección”. Todos estos eventos fueron organizados y facturados bajo el mismo contrato que tiene como objeto prestar servicios para los actos de la Presidencia y del poder Ejecutivo. Y todos sirvieron como plataformas para impulsar la controvertida consulta popular, decretada por el presidente luego de que su propuesta fuera archivada en el Congreso.

Pero más allá de los discursos encendidos y de la narrativa épica de movilización popular, hay una serie de elementos preocupantes. Primero, el uso de recursos públicos para promover una iniciativa electoral impulsada por el propio Gobierno. Segundo, el creciente costo del contrato con Feeling SAS en medio de una delicada situación fiscal. Y tercero, el lenguaje incendiario utilizado desde estos espacios, que ha cruzado los límites del respeto institucional —basta recordar los calificativos del presidente al senador Efraín Cepeda o al excanciller Álvaro Leyva.

El contrato, además, ha sido modificado seis veces. La supervisión recae en manos de una asesora del DAPRE, Ángela María Pardo Mahecha, quien ha aprobado todos los cambios y justificado los costos “adicionales” por temas de refrigerios, vasos biodegradables o toallas de papel. ¿Es esto prioridad de Estado?

Mientras el país discute las reformas estructurales y los impactos de una posible consulta, el Gobierno avanza por otra vía: la del espectáculo político, la tarima y la plaza pública, financiada con dinero de todos los colombianos.

¿Dónde queda la delgada línea entre gobierno y campaña? ¿Quién vigila el uso del presupuesto cuando el Estado se convierte en promotor de su propia continuidad? Las respuestas, por ahora, parecen disolverse entre adiciones presupuestales, arengas presidenciales y la promesa de una consulta cuya legalidad aún está en entredicho.