Una nueva reforma tributaria vuelve al centro del debate nacional, esta vez con un ambicioso objetivo: recaudar cerca de $19 billones en 2026, una cifra que equivale a casi un punto del Producto Interno Bruto (PIB). La propuesta, anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca consolidar la estabilidad fiscal del país sin frenar el crecimiento económico, pero ya ha encendido las alarmas de varios sectores, especialmente en los órganos de control.

Según Ávila, el nuevo proyecto no se limitará a aumentar impuestos. Se trataría de una reforma “estructural”, con un enfoque de largo plazo, que también contempla alivios tributarios y el fortalecimiento de impuestos indirectos considerados menos perjudiciales para la productividad. El Gobierno insiste en que no hay alternativa: para cumplir con los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y mantener la confianza de los mercados, el ajuste es indispensable.

Pero no todos están convencidos. Desde la Contraloría General de la República, su titular, Carlos Hernán Rodríguez, expresó un rechazo frontal —aunque calificado como “técnico” y no político— al enfoque del Ejecutivo. Rodríguez fue categórico: “Hablar de nuevas reformas tributarias es simplemente reflejar una falta de seriedad en el manejo de las finanzas públicas”. Y no es una frase menor.

La crítica de la Contraloría va más allá del contenido del proyecto. Cuestiona el modelo mismo de financiamiento estatal que se repite cada pocos años: más impuestos, poco control del gasto. En palabras del contralor, lo urgente es revisar a fondo el tamaño del Estado, eliminar duplicidades, priorizar inversiones y reducir los gastos de funcionamiento, antes de trasladar de nuevo la carga fiscal a los ciudadanos.

Más preocupante aún es el “cóctel fiscal” al que alude Rodríguez: una combinación de decisiones recientes como el recorte presupuestal de último minuto, el anticipo del impuesto de renta de 2026 para cubrir el déficit de 2025, y la ampliación de la regla fiscal. Estos movimientos, dice, podrían agravar la rigidez presupuestaria del Estado y comprometer programas sociales esenciales.

En el fondo, lo que está en juego no es solo el equilibrio de las cuentas públicas, sino la confianza del país en su propia institucionalidad. ¿Estamos frente a una solución estructural o simplemente repitiendo una receta que ha mostrado sus límites? El Congreso tendrá la última palabra en esta apuesta por rediseñar el sistema tributario. Lo cierto es que, en un contexto de desaceleración económica y presiones sociales, el margen de error es mínimo.

Por ahora, el Gobierno avanza con su propuesta y promete un “gran pacto fiscal” que incluya no solo más ingresos, sino una revisión del gasto público con criterios de austeridad. Suena bien en el papel, pero la historia reciente nos obliga a mirar con lupa cada medida. Porque en Colombia, cuando se habla de reformas tributarias, siempre vale la pena preguntar: ¿quién paga realmente la cuenta?