La reciente masacre ocurrida en el sector de Sagrada Familia, en la zona baja del río Naya, en los límites entre López de Micay (Cauca) y Buenaventura (Valle del Cauca), donde 12 personas —cinco mujeres y siete hombres— fueron asesinadas mientras departían en un local comercial, pone nuevamente de relieve la profunda crisis de seguridad que atraviesa el Pacífico colombiano. Este episodio no solo revela la complejidad del conflicto armado en la región, sino también las deficiencias en la respuesta institucional para proteger a las comunidades y prevenir este tipo de atrocidades.

A pesar de las declaraciones de la Armada de Colombia y las acciones coordinadas entre diversas entidades gubernamentales para acceder al sitio de los hechos y esclarecer lo ocurrido, resulta evidente que la violencia y el control territorial de grupos armados ilegales han superado los esfuerzos estatales. Los sobrevuelos de reconocimiento y el despliegue de Infantería de Marina para acompañar a las autoridades son necesarios, pero insuficientes, en un territorio donde el abandono estatal ha sido la norma y no la excepción.

Reclamo de Seguridad y Justicia: ¿Por Qué No Llegan?
Las masacres en López de Micay y otras partes del país no son un fenómeno nuevo. De hecho, esta es la masacre número 47 en lo que va del 2024, lo que demuestra la continuidad de un problema estructural que el Estado no ha sabido abordar de manera integral. Las víctimas de la masacre en Sagrada Familia no eran parte de las comunidades locales; sin embargo, eso no disminuye la gravedad del hecho ni las implicaciones para la seguridad regional. Este hecho demuestra que los actores armados operan con total impunidad, afectando tanto a locales como a quienes simplemente transitan o se encuentran temporalmente en estos lugares.

Es inaceptable que las autoridades no logren establecer el control en estas áreas y que sea tan difícil para el Estado llegar a tiempo para brindar seguridad y justicia. Las declaraciones del alcalde de López de Micay sobre el desconocimiento de los autores materiales de la masacre y la misma necesidad de organizar una mesa técnica para definir cómo acceder a la comunidad de Santa María ilustran la falta de una presencia efectiva y preventiva en estas zonas. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, el acceso a ciertos territorios esté restringido por la presencia de grupos armados y la falta de infraestructura estatal?

El Problema de las Respuestas Reactivas
El gobierno y las Fuerzas Armadas continúan respondiendo de manera reactiva ante los hechos de violencia. A pesar de las promesas de la Armada de Colombia de «trabajar de manera articulada con las diferentes entidades del Gobierno Nacional para salvaguardar la vida e integridad de la población civil», queda claro que la falta de una estrategia coherente y a largo plazo ha dejado a comunidades enteras desprotegidas y expuestas al horror de la guerra.

Los intentos de organizar una misión de verificación y atención a la población civil, si bien necesarios, son apenas paliativos que llegan demasiado tarde para las 12 víctimas de Sagrada Familia y para otras tantas que han caído en el olvido a lo largo de la historia reciente del conflicto colombiano. Es imperativo que se pase de la retórica a la acción concreta y que se adopten medidas que realmente garanticen el control territorial, la presencia institucional y la seguridad de las comunidades.

Necesidad de una Política de Seguridad Integral para el Pacífico
Es urgente que el gobierno colombiano redefina su enfoque en el Pacífico, una región históricamente afectada por la violencia, el narcotráfico y la minería ilegal. No se trata solo de militarizar los territorios, sino de entender que el conflicto en el Pacífico tiene múltiples aristas que requieren una política de seguridad integral: educación, salud, desarrollo económico y justicia.

Las instituciones deben trabajar de la mano con las comunidades locales, organizaciones sociales y organismos internacionales para construir un verdadero camino hacia la paz y la justicia. Se deben fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en términos de inteligencia y despliegue territorial, pero también en su acercamiento a las comunidades. La desconfianza entre la población civil y las fuerzas de seguridad sigue siendo un obstáculo importante que debe superarse.

No Más Masacres en el Olvido
La masacre de Sagrada Familia no puede ser solo otro número en la estadística de la violencia en Colombia. Esta tragedia debe ser un llamado de atención para que el gobierno tome acciones inmediatas, efectivas y sostenibles que prioricen la vida y la dignidad de todos los colombianos. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de masacres que, aunque ocurren en lugares lejanos para muchos, son un reflejo del fracaso del Estado en garantizar el derecho fundamental a la vida.