La derrota del Gobierno de Gustavo Petro en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional dejó heridas profundas y efectos inmediatos: la salida de tres ministros clave, apenas horas después del resultado en el Senado.

Con 62 votos a favor frente a 41, el Congreso eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado, dejando en el camino a María Patricia Balanta, la candidata respaldada por la Casa de Nariño. La consecuencia fue fulminante: se pidió la renuncia de Antonio Sanguino (Trabajo, Alianza Verde), Julián Molina (Comercio, Partido Liberal) y Diana Morales (TIC, Partido de la U). Todos duraron menos de un año en sus cargos; Morales apenas alcanzó los tres meses.

La decisión no solo representa un golpe político, sino también un duro recordatorio de la fragilidad de la coalición oficialista. Petro lo había advertido días atrás: la elección definiría “todo el cuadro de alianzas en el Congreso”. La votación, sin embargo, dejó claro que los acuerdos partidistas que sostenían al Ejecutivo empiezan a resquebrajarse.

Un trino largo, una herida más profunda

Petro, desde su visita oficial a Japón, no tardó en reaccionar. En un extenso hilo en X (antes Twitter), aseguró que no buscaba “dominar la Corte” y recordó que solo presentó dos ternas en un tribunal compuesto por nueve magistrados. En contraste, denunció que el uribismo “dominó todo el siglo” con una estrategia de cooptación de la justicia.

El mandatario dejó ver lo que realmente le dolió: no tanto la pérdida de la silla en la Corte, sino la traición de congresistas aliados que se alinearon con la elección de Camargo. Según Petro, lo que estaba en juego no era su último año de gobierno, sino “los próximos ocho años de la sociedad”, entre avanzar hacia una democracia plena o regresar a la “gobernanza paramilitar”.

El Presidente fue tajante frente a Camargo, a quien acusa de haber guardado silencio ante violaciones de derechos humanos en gobiernos pasados, y lanzó una advertencia velada: que esta “segunda oportunidad” sirva para defender la Constitución de 1991 y no para continuar con la impunidad.

El efecto dominó en el gabinete

El costo político fue inmediato. Desde el Dapre, bajo la dirección de Angie Rodríguez, comenzaron las llamadas para exigir las renuncias. Armando Benedetti, ministro del Interior encargado de funciones presidenciales en ausencia de Petro, será quien oficialice la salida de los tres ministros.

Con esta movida, el Ejecutivo abre tres vacantes sensibles para renegociar apoyos con las bancadas, en un Congreso que ya mostró sus dientes.

El mensaje es claro: la derrota en la Corte no fue un simple tropiezo, sino un terremoto político que desnuda las fracturas dentro del propio proyecto de cambio de Petro. La pelea por el rumbo de la democracia se libra tanto en los estrados judiciales como en el corazón del Congreso.