Colombia presenció esta semana lo que algunos llaman un avance hacia la paz, pero que en realidad no es más que una bofetada a las víctimas y un nuevo capítulo de impunidad institucionalizada. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sus dos primeras sentencias contra el antiguo secretariado de las FARC y, como era previsible, los cabecillas no pisarán una celda.

En lugar de cárcel, tendrán entre cinco y ocho años de sanciones “restaurativas”: trabajos comunitarios, proyectos de memoria, restricciones mínimas a su movilidad. Es decir, mientras los responsables de miles de secuestros sembrarán árboles o pintarán murales, las víctimas continúan esperando justicia real, reparación efectiva y garantías que nunca llegan.

La indignación no tardó. El general (r) Luis Mendieta, secuestrado durante más de una década, habló de una bofetada a las víctimas. Jhon Frank Pinchao lo llamó un circo. Y tienen razón: ¿cómo aceptar que quienes arrasaron comunidades enteras, asesinaron, mutilaron y despojaron, ahora se conviertan en promotores de memoria histórica, cuando ni siquiera han reparado a las familias que destruyeron?

El expresidente Juan Manuel Santos, arquitecto del Acuerdo de La Habana, salió a justificar que “esto fue lo pactado” y que el Estado debe honrar su palabra. Pero su defensa no borra la crudeza del hecho: lo que se firmó en Cuba fue un acuerdo que priorizó la desmovilización sobre la justicia, sacrificando la dignidad de miles de víctimas en el camino.

Mientras tanto, Álvaro Uribe reiteró que el acuerdo fue “nefasto” y que la JEP no es más que un aparato inútil para maquillar la impunidad. Aunque su postura puede parecer extremista, hoy encuentra eco en el dolor de quienes sienten que fueron traicionados por un sistema que los dejó de últimos en la fila.

La verdad es simple: la JEP no está reparando ni reconciliando, está revictimizando. Está imponiendo una narrativa en la que los verdugos son protagonistas y las víctimas, simples espectadores de un teatro de “justicia restaurativa” que poco o nada restaura.

Colombia merece paz, pero no a cualquier precio. Si el costo es normalizar la impunidad, entonces lo que se construye no es reconciliación, sino una memoria torcida donde los victimarios se legitiman y las víctimas se olvidan.

La tormenta política apenas comienza . Lo que ya está claro es que, con estas sentencias, la JEP ha demostrado que su brújula no apunta hacia la justicia, sino hacia la conveniencia política de un acuerdo mal negociado y peor ejecutado.