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Por primera vez en tres décadas, el Gobierno colombiano propone reescribir la Constitución.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció este jueves desde Shanghái, China, el proyecto de ley que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente integrada por 71 delegatarios, en una movida política que marca un antes y un después para el Gobierno de Gustavo Petro.
“Este articulado es el punto de partida para construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia”, dijo Montealegre en su intervención. “A través de la confrontación de argumentos, y no de la violencia, pensaremos un nuevo país”, añadió.
El texto plantea que la Constituyente tenga una duración de tres meses y que no revoque al Congreso, aunque sí podrá reformar la totalidad de la actual Carta Política. Entre sus límites se mantienen los tratados internacionales de derechos humanos y los principios de no regresividad social, lo que significa que no se podrán eliminar los derechos ya adquiridos.
El proyecto también incluye una estructura diversa e inédita: la Asamblea estaría compuesta por 71 delegatarios elegidos por voto popular, con paridad de género y representación de campesinos, afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto armado, sindicatos, jóvenes, población LGBTIQ+, madres cabeza de familia y colombianos en el exterior.
Una Constituyente “para el siglo XXI”
En un video publicado por el Ministerio de Justicia, Montealegre defendió la propuesta argumentando que el país necesita “nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI”.
“Algunas del 91 se volvieron obsoletas. Otras son utilizadas por sectores profundamente retardatarios para destruir las conquistas sociales. Esto debe cambiar”, afirmó.
El anuncio, hecho en suelo chino, generó sorpresa política en Bogotá. Aunque el presidente Petro ha mencionado en varias ocasiones su interés en una Constituyente, esta es la primera vez que su Gobierno presenta un articulado concreto para ese propósito.
Montealegre aseguró que el proceso deberá ser incluyente y participativo:
“Bajo la dirección de muchos sectores sociales —campesinos, obreros, mujeres cabeza de familia, gitanos, jóvenes, víctimas, negros e indígenas— en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia iniciará un camino para lograr un salto adelante en busca de la dignidad humana”, afirmó.
El debate que se avecina
La propuesta abre un intenso debate político y jurídico. Mientras el Gobierno habla de un “proceso constituyente democrático y plural”, sectores de la oposición advierten que podría ser el primer paso hacia una concentración de poder.
De ser aprobada por el Congreso, la convocatoria deberá someterse a votación popular, en la que los colombianos decidirán si están o no de acuerdo con instalar una nueva Asamblea Constituyente.
Por ahora, la iniciativa marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia política del país, que, más de treinta años después de la Constitución del 91, vuelve a plantearse la posibilidad de repensarse desde sus cimientos.





