El discurso del “cambio” que prometía transparencia, ética y un gobierno distinto al de la vieja política se está derrumbando, no solo por los errores de gestión o las divisiones internas del Pacto Histórico, sino por algo más grave: la confirmación de que desde el poder se está financiando la propaganda digital con dinero público.

La reciente filtración de un audio en el que Celso Tete Crespo, activista del petrismo y contratista del Gobierno, deja entrever la existencia de pagos mensuales adelantados para operar cuentas en redes sociales y difundir mensajes favorables al presidente Gustavo Petro, pone sobre la mesa una práctica que contradice frontalmente el discurso de la “política limpia”.

“Ellos no han pedido ni monitoreos ni informes, confían en que uno publique las cosas”, se escucha decir en el audio.
Una frase que revela una estructura informal, sin control, donde la confianza reemplaza la transparencia, y el activismo digital se convierte en herramienta pagada de manipulación.

Según denuncias del concejal bogotano Daniel Briceño, el Gobierno Nacional habría gastado más de 2.300 millones de pesos en influenciadores desde 2022, una cifra que crece cada año y que en 2025 ya registra nuevas renovaciones. Lo paradójico es que mientras el país enfrenta una crisis fiscal y se recortan presupuestos de salud, educación y programas sociales, las llamadas bodegas digitales parecen seguir recibiendo oxígeno financiero.

El caso de Tete Crespo, quien ha pasado por contratos con el Ministerio de Ambiente, Prosperidad Social y la SIC, simboliza el nuevo rostro del viejo clientelismo: el digital. No se compran votos, se compran narrativas. No se manipulan urnas, se manipulan tendencias.

Y aunque el Gobierno puede argumentar que se trata de “comunicaciones estratégicas”, la falta de informes, auditorías y trazabilidad en los contratos abre un vacío ético que erosiona la confianza ciudadana.

Lo que alguna vez se llamó “la bodega uribista” tiene ahora su versión “progresista”, y el cambio que se prometió terminó repitiendo los vicios del pasado, pero con hashtags.

En un país donde la opinión pública se construye a golpe de tuit y tendencia, el uso de recursos estatales para moldear la conversación digital no es un detalle menor: es una forma moderna de censura indirecta. Porque cada trino comprado para alabar al presidente es un espacio menos para la crítica libre.

El cambio, si es real, no puede pagarse por contrato.
Ni se defiende la democracia con bodegas, ni se gobierna con trolls.