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La infiltración que desnuda al Estado: el caso ‘Calarcá’ golpea el corazón del gobierno Petro
Hay momentos en los que un país debe detenerse y mirarse al espejo, aunque la imagen reflejada sea incómoda, oscura e incluso vergonzosa. El escándalo revelado por Noticias Caracol —que apunta a una presunta infiltración de las disidencias de alias Calarcá en el corazón del Estado colombiano— es precisamente uno de esos momentos. Y es, también, la prueba más contundente de que el proyecto de la llamada Paz Total no solo perdió el rumbo, sino que terminó por desdibujar los límites más elementales entre autoridad y criminalidad.
El país ha sido testigo de filtraciones y denuncias graves. Pero pocas veces se había insinuado, con tanta evidencia técnica, que un general del Ejército activo —Juan Miguel Huertas— y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia —Wilmar Mejía— habrían actuado como puentes entre el Estado y un grupo armado señalado de homicidios, secuestros y del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Ese solo hecho debería tener hoy a la Fiscalía, al Congreso y al Gobierno en sesión permanente.
Pero no: lo que hay es silencio. Un silencio que, a estas alturas, ya no parece prudencia institucional, sino omisión deliberada.
Una Fiscalía que mira para otro lado
Lo más inquietante no es solo lo que dicen los documentos incautados: chats, audios, cartas y reportes que describen la supuesta entrega de información privilegiada, códigos radiales del Ejército, uso de carros oficiales y pactos de movilidad.
Lo más grave es que la Fiscalía General de la Nación ha tenido este material durante más de un año… y no ha pasado nada.
Ninguna imputación.
Ninguna audiencia.
Ninguna medida cautelar.
Nada.
La fiscal Luz Adriana Camargo no ha dado un paso, mientras el país observa cómo una presunta infiltración de las disidencias en el aparato estatal se convierte, con cada día de inacción, en un escándalo mayúsculo que amenaza la credibilidad de todas las instituciones.
La sombra política que el Gobierno no ha logrado despejar
El caso golpea al Gobierno Petro en un punto neurálgico: su relación —siempre ambigua— con ciertos sectores de la disidencia. Y más aún cuando los archivos mencionan, incluso, supuestos aportes de las estructuras de Calarcá a la campaña presidencial de 2022.
No es un detalle menor.
No es un chisme filtrado.
Es una denuncia sustentada con documentos que reposan bajo custodia estatal.
A esto se suma algo que el Gobierno no ha sabido explicar:
¿Por qué la ofensiva militar se concentra desde hace meses contra el grupo de Iván Mordisco, mientras Calarcá —la disidencia más mencionada en estas interceptaciones— sigue operando prácticamente sin presión militar?
La respuesta no puede ser un eslogan.
El país merece más que un comunicado declarando que todo es “un montaje”.
El Ejército entre la lealtad y la fractura
Que un general activo esté involucrado en estas denuncias es alarmante. Que ese mismo general fuera reintegrado al Ejército por el presidente Petro, tras haber sido retirado por señalamientos de falsos positivos, abre preguntas que nadie ha respondido.
¿Cómo es posible que un oficial señalado de colaborar con disidencias tuviera acceso a permisos, rutas y autorizaciones internas?
¿Quién avaló esos roles?
¿Se verificó su pasado antes del reintegro?
¿Por qué tenía tanto poder dentro del Comando de Personal?
La Fuerza Pública ha sufrido ya demasiadas fracturas internas. Este caso amenaza con convertirse en la más profunda desde el proceso 8.000.
La Paz Total, un barco que hace agua
Tres años después de lanzarse como la gran apuesta del Gobierno Petro, la Paz Total está convertida en un archipiélago de crisis:
– negociaciones suspendidas,
– disidencias divididas,
– estructuras criminales fortalecidas,
– y una ofensiva militar selectiva que ha generado más dudas que resultados.
Mientras tanto, los grupos que supuestamente estaban en “cese al fuego” han seguido secuestrando, cobrando cuotas, reclutando menores y controlando territorios.
La Paz Total dejó de ser una política y se volvió un relato.
Un relato bonito, esperanzador, pero desconectado de la realidad del país.
El peligro real: un Estado infiltrado y la ciudadanía anestesiada
El escándalo revelado por Caracol no es un capítulo más en la larga novela del conflicto. Es la evidencia de que las fronteras entre Estado y criminalidad pueden estar mucho más borradas de lo que se admite públicamente.
Si un general y un funcionario de inteligencia negociaron privilegios, movilidad y permisos con un grupo armado ilegal, la pregunta deja de ser “¿qué hicieron?” para convertirse en “¿cuántos más sabían?”
Si la Fiscalía no actúa, la pregunta será “¿por qué no actuar?”
Colombia ya vivió lo que significa un Estado penetrado por actores ilegales. Sabe lo que implica un proceso de paz usado como fachada para expandir redes delictivas. Sabe lo que ocurre cuando las instituciones callan por conveniencia o por miedo.
No puede permitirse repetir la historia.
El país necesita respuestas. Y las necesita ya.
Un Estado que tolera infiltraciones deja de ser Estado.
Un Gobierno que no exige claridad pierde autoridad moral.
Una Fiscalía que no investiga se vuelve cómplice por omisión.
La Paz Total, tal como está planteada y ejecutada, parece hoy menos una política de reconciliación que una puerta abierta donde entran todos, incluidos quienes vienen a destruir desde adentro.
La pregunta final es inevitable:
¿Quién está gobernando realmente en ciertas regiones del país?
¿El Estado o las disidencias?
Hasta que no haya respuestas claras y decisiones contundentes, Colombia seguirá navegando sin brújula en un mar donde los límites entre legalidad e ilegalidad se diluyen —y donde la ciudadanía es la que paga el precio.
