La Corte Constitucional, a través de su Sala Especial de Seguimiento, abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, debido a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), componente esencial para garantizar la financiación del sistema de salud en Colombia.

La decisión, adoptada mediante el Auto 2049 de 2025, señala que el Ministerio de Salud no ha cumplido con los mandatos de la histórica Sentencia T-760 de 2008, que ordena asegurar la suficiencia financiera del sistema y proteger el derecho fundamental a la salud. Según la Corte, el ajuste realizado por el Ministerio no refleja las necesidades reales del sistema ni cumple con los estándares técnicos y jurídicos exigidos.

“Persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC contenido en los mandatos vigésimo primero y vigésimo segundo”, advierte el Auto.

La UPC es el monto que el Estado reconoce por cada afiliado para cubrir los servicios del Plan de Beneficios en Salud (PBS). La actualización anual de este valor debe considerar factores como inflación, aumento de costos y necesidades reales del sistema. Sin embargo, la Corte concluyó que el cálculo del Ministerio se basó únicamente en la inflación y en recomendaciones de comisiones asesoras, sin un estudio técnico riguroso.

Además de abrir el incidente de desacato, la Corte ordenó al Ministerio que para la vigencia 2026 acredite técnicamente la suficiencia de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado, bajo pena de compulsa de copias ante la Procuraduría y la Fiscalía. El ministro Jaramillo tendrá 48 horas para pronunciarse sobre los fundamentos jurídicos de la decisión.

Pacientes Colombia, organización que agrupa a cerca de 200 asociaciones de pacientes, expresó su respaldo a la medida del alto tribunal y cuestionó la gestión del Ministerio:

“Si la UPC es suficiente, ¿por qué las ocho EPS que ustedes administran están matando pacientes de manera intencional?”, dijo Denis Silva, vocero de la organización, en un video divulgado en redes sociales.

Silva agregó que el Estado colombiano está obligado constitucionalmente a garantizar el acceso a la salud y destacó que la determinación de la Corte da la razón a los ciudadanos que claman por sus derechos:

“Gracias Corte Constitucional por darle la razón no a Pacientes Colombia. No a los gremios, a los ciudadanos”.

La apertura del incidente de desacato evidencia, una vez más, la crisis estructural del sistema de salud colombiano, marcada por ajustes insuficientes, falta de articulación institucional y decisiones que dejan en riesgo la vida de los pacientes.