El sistema de salud en Colombia, y en particular en el Valle del Cauca, parece estar al borde del colapso. Una afirmación tan grave no se puede subestimar cuando la propia gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, denuncia públicamente que las EPS le deben al sistema público de salud del Valle casi un billón de pesos. Este agujero financiero no es solo un número; es la representación tangible de los hospitales sin insumos, de pacientes sin atención oportuna y de un personal médico que trabaja con recursos mínimos.

La gobernadora Toro, quien además de ser una figura política tiene formación como médica, no ha dudado en expresar su preocupación sobre la reforma a la salud planteada por el gobierno nacional. Aunque sus propuestas fueron escuchadas por el presidente Petro, aún falta mucho por hacer para asegurar que el sistema funcione de manera eficiente y justa. Sus palabras resuenan más que como una advertencia, como una urgencia: «Se necesita aumentar por lo menos un punto del PIB para poder brindar una atención primaria de calidad y atender a los pacientes crónicos». ¿Será esta la solución que tanto requiere el país?

Pero no solo el déficit económico amenaza al sistema. La deuda histórica de las EPS con los hospitales del Valle del Cauca, como en muchos otros departamentos, es un obstáculo insalvable. Hospitales que deberían recibir el 80% de los recursos que establece la ley están operando con apenas el 50% o menos de esos fondos. Esto es inadmisible, sobre todo cuando recordamos que detrás de cada porcentaje perdido hay vidas en juego, personas que necesitan atención médica que no puede esperar.

A este panorama sombrío se suma la sensación de abandono que sienten muchos municipios alejados de los grandes centros urbanos. Es un paso adelante que la descentralización de los servicios médicos haya comenzado en 32 municipios del Valle, tal como destacó Toro. No obstante, ¿es suficiente con llevar especialistas a las áreas rurales si no se cuenta con la infraestructura adecuada para mantener esa atención de forma sostenida?

El futuro del Hospital de Cartago, que se plantea convertir en un hospital de nivel 3 para atender a 16 municipios, es sin duda un avance importante. Pero la crisis que afecta la infraestructura y la atención hospitalaria en general debe tratarse con medidas inmediatas y radicales. No podemos permitir que los proyectos a largo plazo sean una cortina que cubra los problemas urgentes del presente.

Por otro lado, la reforma a la salud en discusión a nivel nacional necesita un cambio de enfoque. Pretender utilizar recursos como el Fonpep, destinados a los pensionados, como fuente de financiación para la salud, es una medida que no solo es imprudente, sino potencialmente desastrosa. El sistema necesita una reestructuración, pero no a costa de otros derechos fundamentales como los ahorros de los jubilados.

En definitiva, el sistema de salud en el Valle del Cauca, como en todo el país, está en una encrucijada. La deuda con los hospitales, el déficit de recursos y la lentitud en la toma de decisiones son problemas que requieren soluciones inmediatas. La gobernadora Toro ha puesto el dedo en la llaga y ha dado una voz de alarma que no puede ignorarse. El llamado a un mayor control sobre las deudas de las EPS y un aumento en la inversión en salud debe ser atendido de manera prioritaria, antes de que la crisis actual derive en un colapso total del sistema.

El bienestar de los vallecaucanos, como el de todos los colombianos, no puede depender de promesas futuras ni de una reforma incompleta. Es momento de actuar, y el gobierno nacional debe hacer de la salud una prioridad inaplazable.