La administración de Gustavo Petro llegó al poder con una promesa de ruptura frente a las «viejas mañas» de la política tradicional. Sin embargo, los recientes hallazgos sobre la contratación en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) sugieren que, en el corazón del Palacio de Nariño, el árbol genealógico y el mapa de afectos personales siguen pesando más que cualquier manual de funciones.

El caso de Ingrid Plata no es un incidente aislado, sino el síntoma de una estructura de poder endogámica. Plata no solo es la «mejor amiga» de la Primera Dama, Verónica Alcocer; es también la esposa de uno de los compadres más cercanos al Presidente. Hoy, los reflectores se posan sobre sus contratos tras las revelaciones de El Tiempo, que detallan una vinculación cuyo principal activo parece ser la confianza íntima, más que una especialidad técnica insustituible.

La defensa del DAPRE: El escudo de la «necesidad»

Ante la creciente ola de críticas, el DAPRE ha salido a blindar la contratación argumentando, según reporta El Heraldo, que el cargo de Plata responde a una «necesidad institucional». Esta es la frase de cajón que la burocracia utiliza para legalizar lo que éticamente es cuestionable. Según el Gobierno, las labores de acompañamiento y gestión que realiza Plata son esenciales para la agenda de la Primera Dama y el funcionamiento de la Presidencia.

Pero aquí surge la pregunta de fondo para cualquier analista político: ¿Es Ingrid Plata la única profesional en Colombia capaz de ejecutar esas tareas, o su contrato es la formalización económica de una amistad de décadas? Cuando el Estado paga por la «confianza», el ciudadano pierde la garantía de la excelencia.

Los detalles que incomodan

Los contratos de Plata no son simbólicos. Representan una carga al erario que se suma a una lista de colaboradores del «círculo de hierro» de la Primera Dama que han encontrado refugio en la nómina estatal. Mientras el país atraviesa debates complejos sobre la austeridad y la eficiencia del gasto público, el DAPRE justifica la creación de espacios para allegados bajo la narrativa de que son «cargos de apoyo».

Lo que resulta más paradójico es que este Gobierno ha sido un crítico feroz del nepotismo y el clientelismo de sus antecesores. Al defender estas contrataciones con vehemencia, el DAPRE no solo protege a una contratista; está validando un modelo de gestión donde la lealtad personal se tasa en salarios pagados por todos los colombianos.

Un mensaje de continuidad, no de cambio

La política de «amigos y compadres» tiene un costo político alto. Debilita la autoridad moral del Ejecutivo para exigir sacrificios económicos al país y para reformar otras instituciones. Si la Casa de Nariño se convierte en un club privado de beneficios para el entorno familiar de la pareja presidencial, el concepto de «Gobierno del Cambio» se reduce a un eslogan de campaña vacío de contenido ético.

La «necesidad institucional» que invoca el DAPRE parece ser, en realidad, la necesidad de mantener a los afectos cerca, cómodos y bien remunerados. En una democracia madura, los amigos de la familia presidencial deberían estar en las fotos de los álbumes privados, no en los folios de los contratos públicos.