La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, ha confirmado la existencia de la operación de compra del software espía Pegasus, revelando en una reciente entrevista con EL TIEMPO que la Fiscalía está trabajando para determinar quién posee actualmente el software, los fines para los cuales fue adquirido y si hubo participación de exfuncionarios del gobierno de Iván Duque o de la Fuerza Pública en esta controvertida transacción del 2021.

La fiscal Camargo especificó que la transacción financiera para la adquisición del software espía ascendió a 11 millones de dólares. Este monto está respaldado por un documento de origen israelí que ha sido presentado a la Fiscalía. Según Camargo, “hubo un primer pago en junio de 5.5 millones de dólares, y el dinero llegó en efectivo, en dólares americanos”, corroborando que hay un formulario de operación cambiaria que registra el ingreso del dinero a Israel.

La indagación ha incluido entrevistas con varios exfuncionarios vinculados a la administración de Duque. Entre ellos, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz; el exviceministro Jairo García; el general Juan Diego Sepúlveda, quien dirigió el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares en el gobierno anterior; y el general (r) Carlos Iván Moreno, exsegundo comandante del Ejército. También han sido entrevistados Luis Eduardo Llinás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del gobierno de Gustavo Petro, y Carlos Ramón González, exdirector de inteligencia.

La fiscal Camargo enfatizó que la operación fue registrada como sospechosa por las autoridades israelíes. “Esa información tiene un carácter muy objetivo, no es un tema de si creemos o no. Hace parte del rastreo del dinero que hizo Israel respecto a una operación que una autoridad de ellos estimó sospechosa”, explicó. A pesar de este avance, hasta el momento no se ha encontrado el software Pegasus en ninguna entidad estatal en Colombia.

La investigación también se ha concentrado en determinar si Pegasus podría estar en posesión de la Fiscalía, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía o el Ministerio de Defensa. La fiscal fue contundente en su declaración: “No hemos encontrado Pegasus en ninguna entidad. En el caso particular de la Fiscalía, tenemos plataformas de interceptación legales; sería bastante curioso tener una sala de interceptaciones ilegales, no la tenemos”.

Además, la fiscal confirmó que una funcionaria de la Fiscalía fue llamada a declarar en relación con una información que había compartido públicamente, y lamentó que no aportara datos que coincidieran con la investigación oficial.

Por otro lado, la situación ha suscitado reacciones en el ámbito político, especialmente por parte del presidente Gustavo Petro, quien ha denunciado que directivos de NSO Group habrían transportado 11 millones de dólares en efectivo durante la compra del software, sugiriendo que la transacción podría estar relacionada con sospechas de «lavado de activos».

De acuerdo con un informe confidencial que Petro presentó en septiembre, el software, conocido por su capacidad para infiltrar teléfonos móviles y extraer información, fue adquirido en efectivo durante el mandato de Duque, lo cual ha sido rechazado por funcionarios de su gobierno, quienes niegan haber gestionado la compra.

En medio de este contexto, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) ha respondido a un derecho de petición presentado por el representante Alejandro Toro sobre los vuelos realizados por ejecutivos de NSO Group. Se reveló que un avión Bombardier Challenger estuvo en Bogotá el 26 de junio de 2021, y un Gulfstream aterrizó el 17 de septiembre del mismo año, tras lo cual se realizó la transferencia de los 11 millones de dólares para la compra del software.

La Comisión de Seguimiento a Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso ha programado una audiencia reservada para el próximo miércoles, donde se invitará a representantes de Aerocivil y de la Fiscalía para discutir la información recopilada sobre la compra de Pegasus. La audiencia busca aclarar las dudas sobre los detalles de la operación, ya que el representante Toro ha expresado su preocupación por la falta de información completa, especialmente respecto al manifiesto de carga que debería especificar el propósito de los vuelos.

Con el avance de estas investigaciones, el caso de la adquisición de Pegasus continúa generando inquietudes sobre el uso de tecnologías de vigilancia y ciberespionaje en el país, así como sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos y la protección de los derechos humanos. Las próximas sesiones de la Comisión y la evolución de las investigaciones serán fundamentales para arrojar luz sobre esta compleja y polémica situación.