Hay nombres que empiezan como un rumor de pasillo y terminan convertidos en objeto de investigación periodística seria. Ese es el caso de María Masip Zawady, más conocida como «La Coco» o «La Turca», una mujer oriunda de Santa Marta cuyo nombre ha pasado, en menos de tres años, de circular en grupos de escoltas a aparecer en los principales medios del país como parte de un patrón que ya empieza a sonar familiar en Colombia: el de personas cercanas al poder cuyos familiares terminan beneficiados con contratos estatales.

De una foto filtrada a un caso de investigación

La historia de Masip Zawady, según reconstruye El Colombiano, comenzó a tomar fuerza pública a finales de 2023, cuando una fotografía suya —tomada frente a un espejo— circuló primero en grupos de escoltas y luego llegó a periodistas. Quienes la difundían aseguraban que se trataba de una persona cercana al entonces presidente Gustavo Petro. Con el tiempo, su identidad quedó confirmada y coincidió con versiones que la ubicaban en el entorno presidencial.

Ese es, en realidad, el punto de partida real y documentado del caso. Vale la pena decirlo con claridad porque alrededor de su nombre también circuló contenido falso: una supuesta portada de la revista Semana que la señalaba como pareja sentimental de Petro y la vinculaba con una adicción del mandatario fue verificada por La Silla Vacía y confirmada como falsa. Ese dato es importante porque separa lo que es desinformación circulando en redes de lo que sí está siendo documentado por unidades investigativas de medios serios.

Las ‘Mariposas Amarillas’ y el patrón de los contratos

El verdadero centro de la controversia no es la vida privada de Masip Zawady, sino un patrón de contratación que ya había sido señalado meses atrás por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien habló de la existencia de un grupo de mujeres cercanas al poder, denominado «Las Mariposas Amarillas», que habría adquirido influencia en nombramientos y contrataciones dentro del Estado.

Según una investigación de la revista Cambio, un hermano y una prima de Masip Zawady se repartieron 13 contratos estatales por 533 millones de pesos durante el Gobierno Petro, en entidades como Prosperidad Social y Colombia Compra Eficiente. La Unidad Investigativa de El Tiempo, por su parte, reportó cifras similares —alrededor de 500 millones de pesos— y detalló que la prima de «La Coco» llegó a ocupar un puesto en la junta directiva de Coosalud Inversa, una firma ligada a la EPS Coosalud, que actualmente está intervenida por el Estado y que en 2024 registró ingresos por 5,35 billones de pesos.

El propio caso tiene una ramificación adicional: según el medio El Expediente, otra prima de Masip Zawady, identificada como Marta Zaway Rodríguez, fue inscrita como representante legal suplente y miembro suplente de la junta directiva de esa misma entidad, pese a que hasta entonces se desempeñaba como coordinadora de logística en una empresa naviera. El acta de la asamblea que formalizó su nombramiento, según ese reporte, no explica quién propuso su candidatura ni los criterios utilizados para elegirla.

Un patrón que empieza a repetirse

El Colombiano no es el único medio que ha trazado un paralelo entre este caso y el de Juliana Guerrero, la exaspirante a viceministra de Juventudes cuyo escándalo por títulos académicos falsos ya está siendo procesado judicialmente. La comparación no es casual: en ambos casos se trata de mujeres jóvenes, sin cargos públicos formales de alto perfil, cuya cercanía informal con figuras del poder habría derivado en beneficios concretos para sí mismas o para su círculo familiar cercano.

Hay, sin embargo, una diferencia relevante que conviene señalar: mientras el caso de Guerrero ya tiene un proceso penal en curso con un cómplice que se acogió a preacuerdo, el caso de Masip Zawady, hasta el momento, permanece en el terreno de la investigación periodística y las versiones cruzadas, sin que se conozca una denuncia penal formal ni un proceso judicial abierto en su contra.

La defensa: negación y señalamiento a los medios

Masip Zawady ha negado de manera categórica cualquier relación con los contratos obtenidos por sus familiares. Según reportó El Tiempo, la mujer se ha declarado perseguida por llevar su apellido, y ha pedido que no se difundan lo que ella considera «noticias falsas» sobre su caso, alegando además que su seguridad personal podría estar en riesgo por la exposición mediática.

También hay una funcionaria que ha salido a desmentir públicamente su participación: María José Navarro, entonces superintendente de Economía Solidaria, negó haber tenido injerencia en el nombramiento de Masip Zawady o de su prima en Coosalud Inversa, pese a que algunas fuentes la señalaron como posible puente de esa influencia.

Lo que queda pendiente

El patrón que describe este caso —contratos concentrados en familiares de personas cercanas informalmente al poder, nombramientos sin explicación clara sobre los criterios de selección, y entidades intervenidas por el Estado en el centro de la controversia— es exactamente el tipo de situación que la opinión pública espera ver esclarecida con hechos, no con rumores.

Hasta ahora, ningún ente de control ha confirmado la apertura de una investigación formal contra Masip Zawady o sus familiares por estos hechos. La combinación de reportería seria por parte de varios medios, sumada a la negativa categórica de la señalada y al desmentido de la exfuncionaria vinculada, deja el caso en un terreno que exige mayor claridad: o los organismos de control determinan si hubo irregularidades reales en la adjudicación de estos contratos, o el nombre de «La Coco» seguirá circulando en la zona gris entre el señalamiento mediático y la ausencia de una respuesta institucional definitiva.