Septiembre marca el arranque de la primera gran prueba legislativa de largo aliento para el presidente Abelardo de la Espriella: sacar adelante el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. No es un trámite cualquiera. El texto que hereda de la administración Petro —radicado originalmente por 575,6 billones de pesos— llega reformulado por el nuevo Gobierno a 634,9 billones, un salto de 14,2 % que Casa de Nariño justifica en la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y en el hueco fiscal que, según el Ejecutivo, dejó la administración anterior.

El calendario que viene

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó la nueva propuesta el jueves 27 de agosto. A partir de ahí arranca un reloj político con dos paradas obligatorias:

• Primer debate en comisiones económicas conjuntas (Terceras de Hacienda y Cuartas de Presupuesto, en Senado y Cámara), con plazo hasta el viernes 25 de septiembre.
• Plenarias de Senado y Cámara, por separado, desde el 1 de octubre, con fecha límite del 20 de octubre. Si el Congreso no cumple ese plazo, rige automáticamente el proyecto del Gobierno con los ajustes del primer debate.

Cualquier modificación que quieran meterle los congresistas en el camino necesitará aval previo del Ministerio de Hacienda, lo que le da a Gómez una llave adicional sobre el trámite.

¿Tiene los votos?

Aquí está el dato que más le interesa a Palacio: en las cuatro células que deben dar el primer debate suman 90 congresistas. Según el reparto de bancadas, la cuenta del Gobierno luce así:

• 58 aliados de la coalición (Centro Democrático, Conservador, La U, Cambio Radical, Salvación Nacional y Liberal).
• 12 independientes (Alianza Verde, ASI, MAIS y curules CITREP).
• 20 opositores del Pacto Histórico.

Con el Liberal ya sumado a la coalición de gobierno, De la Espriella supera con comodidad la mayoría simple conjunta (46 de 90), incluso si no logra convencer a un solo independiente. El Pacto Histórico, con sus 20 votos, queda en el papel de oposición cerrada, sin margen matemático para frenar el proyecto por sí sola.

Ese músculo ya se puso a prueba el 11 de agosto, cuando esas mismas comisiones devolvieron el presupuesto que había radicado el gobierno Petro el 29 de julio: 16 votos en Cuarta de Cámara, 10 en Cuarta de Senado, 20 en Tercera de Cámara y 10 en Tercera de Senado. Es decir, la maquinaria que hoy respalda a De la Espriella es, en parte, la misma que hace un mes le cerró la puerta al gobierno anterior.

Los ponentes: el tablero fino

Más allá de la aritmética general, el detalle está en quién redacta y quién coordina el proyecto (PL 111 de Senado y 152 de Cámara) en la Comisión Tercera del Senado:

Ponentes: Adolfo Moreno (ASI), Andrea Padilla (Verde), Sara Castellanos (Salvación Nacional), Miguel Espitia (La U), Yessid Pulgar (Liberal), Deisy Johana Osorio (Pacto Histórico) y David Racero (Pacto Histórico).

Coordinadores: Cristian Garcés (Centro Democrático), David Barguil (Conservador), Juan Carlos Garcés (La U) y Alix Yirley Vargas (Liberal).

Racero, además, integra la comisión de Crédito Público, encargada de vigilar las operaciones de deuda externa del Gobierno y de recomendar correctivos si el Ejecutivo se excede en su capacidad de pago. Con el nivel de endeudamiento que trae este proyecto, ese asiento no es menor.

La grieta que nadie quiere abrir del todo

El respaldo de la coalición no es incondicional. Dentro del propio Centro Democrático hay incomodidad con el tamaño del ajuste. El senador Carlos Meisel, de la Comisión Cuarta, lo dijo sin rodeos: en momentos así «me siento un poco desubicado» y pidió una reunión urgente con el ministro Gómez. En la misma línea, Cristian Garcés —coordinador del proyecto en la Tercera— advirtió que le preocupa el nivel de endeudamiento, aunque adelantó que respaldará un presupuesto que refleje «responsablemente» las finanzas públicas y las necesidades del terremoto.

Es la tensión típica de toda coalición amplia: los votos están, pero el precio político de usarlos no es gratis.

Los números que agita la oposición

Desde el Pacto Histórico, el segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, desglosó el crecimiento del gasto: el funcionamiento pasa de 367,7 a 392,5 billones (+24,8 billones), el servicio de la deuda sube cerca de 37 billones, la inversión cae de aproximadamente 90 a 86,9 billones (-3,1 billones), y solo el Ministerio de Hacienda pasa de 26,67 a 40,75 billones, un incremento del 52,8 %.

David Racero, ponente del proyecto y también del Pacto Histórico, apunta al mismo lugar desde otro ángulo: la financiación vía deuda y otros recursos de capital salta de 181,1 a 281,3 billones frente a la propuesta original de Petro, mientras se proyecta una caída de 10 billones en el recaudo tributario. Su pregunta resume el debate que viene: si hay menos impuestos recaudados pero casi 60 billones más de presupuesto total, ¿cómo se cuadra esa cuenta? Con deuda, responde él mismo.

El contexto político de fondo

El trámite llega en un momento paradójico para el Gobierno. De la Espriella y su ministro del Interior, Rodrigo Lara, ya perdieron su primera pulsada en el Capitolio al no lograr imponer a Alfredo Deluque en la presidencia del Senado. Pero en paralelo han sumado victorias en otros frentes —la posesión presidencial en Cali, las mayorías en el Consejo Nacional Electoral— que sugieren una «luna de miel» con el Congreso que el Gobierno buscará capitalizar ahora, aprovechando además la legitimidad política que le da administrar la emergencia del terremoto.

La pregunta que queda abierta

En el papel, los números le alcanzan a De la Espriella para pasar el presupuesto en comisiones. La pregunta no es tanto si tiene los votos, sino qué tanto tendrá que ceder —en monto, en destinación del gasto o en el nivel de endeudamiento— para mantener unida una coalición donde incluso sus propios aliados empiezan a hacer cuentas en voz alta.