La promesa era monumental: negociar con todos los actores armados al mismo tiempo y cerrar, de una vez, el capítulo de violencia en Colombia. Gustavo Petro llamó a esa apuesta «Paz Total» y la vendió como el giro definitivo hacia una democracia en paz. Cuatro años después, los números no mienten: los grupos armados ilegales casi duplicaron su pie de fuerza, la extorsión se disparó un 337%, más de 120.000 colombianos fueron desplazados forzadamente en un solo año y el reclutamiento de menores alcanzó niveles que no se veían en décadas. La pregunta ya no es si la Paz Total fracasó —los datos son contundentes—, sino entender por qué y qué viene ahora.

La cifra que lo cambia todo: 90% más combatientes

Entre diciembre de 2022 y julio de 2026, el número de integrantes de grupos armados ilegales pasó de 15.120 a 28.802. Ese crecimiento del 90% no es un dato menor: es la prueba de que negociar sin condiciones claras no desactiva a los actores armados; los alimenta.

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, junto con la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos, lo documentaron en los informes Los alcances del cambio: brumas en el horizonte y Progresos sociales bajo amenaza de regresividad y avance del conflicto. Sus conclusiones coinciden con lo que ya habían señalado la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Paz & Reconciliación (Pares): la estrategia de negociación simultánea no contuvo la violencia. La facilitó.

La expansión territorial: 527 municipios bajo sombra armada

Los datos de expansión territorial son igualmente demoledores:

• Clan del Golfo: expandió su presencia un 152%, alcanzando 429 municipios —casi el 39% del país—.
• Disidencias de las FARC: crecieron un 109%, con presencia en 376 municipios.
• ELN: subió un 22%.
• Segunda Marquetalia: un incremento del 108%.

En total, según Pares, los grupos criminales registran presencia activa en 527 municipios de Colombia. Esa no es la geografía de una paz en consolidación; es el mapa de un país que le entregó territorios a la criminalidad mientras negociaba en La Habana y en otros escenarios.

La extorsión: el delito que explotó bajo los ceses al fuego

Un estudio de la Universidad de los Andes reveló lo que muchos temían pero pocos documentaron con rigor: la extorsión se disparó un 337% en las regiones donde operaban los grupos con los que el gobierno mantenía ceses al fuego bilaterales. Las treguas, mal diseñadas y sin mecanismos de verificación real, no solo no frenaron la violencia; le dieron a los grupos armados un paraguas de protección para fortalecer sus finanzas y su control social.

La investigación de los Andes no es una opinión aislada. Es la confirmación académica de lo que campesinos, comerciantes y comunidades indígenas y afrodescendientes venían denunciando desde los territorios: que la paz que se firmaba en las mesas no llegaba a los caminos veredales, a las plazas de mercado, a las escuelas rurales.

Reclutamiento forzado: más de 1.500 menores arrancados de sus comunidades

Bajo el amparo de las treguas mal estructuradas, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes se convirtió en una crisis humanitaria silenciada. Más de 1.500 menores fueron reclutados, con un incremento del 90% en la injerencia criminal sobre las comunidades. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes fueron las más golpeadas.

No hay eufemismo que suavice esta realidad: mientras el gobierno hablaba de paz, los grupos armados les robaban la infancia a comunidades enteras.

Las otras víctimas: desplazamientos, desapariciones y minas

El periodo entre enero y agosto de 2025 registró un incremento del 145% en civiles afectados por artefactos explosivos, con 544 víctimas. Las víctimas de minas antipersonal subieron un 23%. Las desapariciones forzadas aumentaron un 34%. Solo en 2025, Colombia superó los 120.000 desplazamientos forzados.

Sobre los defensores de derechos humanos, las agresiones totales cayeron un 12% frente al gobierno de Iván Duque, pero los asesinatos de líderes y lideresas se mantuvieron en niveles preocupantes: 618 expedientes. La firma de paz no protegió a quienes más la necesitaban.  

La lección que Colombia no debería necesitar aprender dos veces

Las organizaciones son claras en su advertencia: el fracaso de la Paz Total no debe ser excusa para retornar a políticas militaristas. Es, en cambio, una exigencia para consolidar la transformación territorial y desmontar las estructuras paramilitares.

El documento concluye con una alerta directa al gobierno de Abelardo de la Espriella: los anuncios de recortes al gasto social, la reactivación de un enfoque predominantemente militarista y el cuestionamiento a las agendas de equidad amenazan el principio de no regresividad de los derechos humanos.

Y ahí está la trampa binaria en la que Colombia ha caído repetidamente: o negociación sin condiciones o militarización sin matices. Los datos demuestran que la primera entregó territorios; la historia demuestra que la segunda los destruyó.

La apuesta real no debería ser entre dialogar o combatir. Debería ser dialogar con condiciones verificables, combatir con inteligencia institucional e invertir donde el Estado nunca llegó. Todo lo demás es retórica.

Lo que viene

La administración de De la Espriella ya comenzó el desmantelamiento de los mecanismos de diálogo de la Paz Total. El riesgo es que, en nombre de la corrección, se liquiden también los avances sociales del periodo anterior. Las organizaciones hacen un llamado a la comunidad internacional para respaldar las garantías conquistadas.

«Los derechos humanos no pertenecen a un gobierno, ni pueden depender de la administración de turno.»