Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia bajo la bandera de la transparencia y el combate a la corrupción, un pilar fundamental de su campaña y del movimiento Pacto Histórico. Sin embargo, en menos de un año de gestión, varios escándalos de corrupción han manchado la administración de Petro y, lo que es aún más alarmante, la respuesta ha sido un silencio ensordecedor.

Los cinco casos recientes evidencian una preocupante falta de coherencia en un gobierno que prometió depurar la política de vicios históricos. En vez de una respuesta contundente, Petro y su equipo parecen optar por la evasión, incluso cuando la evidencia de actos reprochables en su entorno político y administrativo se acumula. Desde denuncias de estafa y abuso laboral en el consulado de México hasta la destitución opaca del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, cada caso parece señalar un patrón de omisión sistemática.

El Consulado en México: Un Caso Vergonzoso

El caso de Andrés Hernández, nombrado cónsul en México pese a las graves denuncias de estafa y malos manejos, evidencia un manejo preocupante de las designaciones en el servicio exterior. La Cancillería ha mantenido a Hernández en el cargo a pesar de las advertencias y las investigaciones en su contra, lo que deja en claro una tendencia a proteger a los afines, por encima de los valores éticos que el gobierno predicó en campaña.

La Otra Cara de Racero

David Racero, líder de la Cámara y una figura prominente en el Pacto Histórico, se enfrenta a acusaciones de abuso de su posición, incluyendo el cobro de cuotas a sus asesores y favores políticos. Paradójicamente, Racero ha sido un crítico feroz de prácticas similares en administraciones anteriores. La reacción del gobierno y del movimiento Mais, que lo avala, ha sido el silencio, un vacío que contrasta con la rapidez con la que Petro y sus aliados criticaban a opositores por acusaciones menos graves.

César Palomino y la Sombra del Narcotráfico

El nombramiento de César Palomino como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado causa desconcierto, considerando su vinculación con embarcaciones involucradas en tráfico de marihuana. Que una figura con semejantes antecedentes esté a cargo de la defensa jurídica del Estado es inquietante, y la falta de pronunciamiento al respecto deja serias dudas sobre el compromiso del gobierno con la transparencia.

El Caso Leal y el Silencio en la Salud

La abrupta salida de Luis Carlos Leal, el superintendente de Salud que había iniciado investigaciones por corrupción en la gestión de fondos de la EPS, plantea muchas interrogantes. En lugar de respaldar a quien trabajaba para desenmascarar irregularidades, el gobierno prescindió de sus servicios sin explicaciones, convirtiendo el tema de la salud en un campo minado de inconsistencias.

Un Billón de Pesos para Hospitales Perdido en el Olvido

Finalmente, la falta de control sobre más de un billón de pesos asignados para la construcción de hospitales es un escándalo de proporciones mayúsculas. Los proyectos abandonados, los sobrecostos y la opacidad en el manejo de estos fondos ponen en evidencia una gestión ineficaz y un sistema de contratación permisivo con prácticas cuestionables. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aún no ha dado explicaciones, y las voces en el Congreso también guardan silencio.

¿Una Estrategia Deliberada o un Fallo en la Comunicación?

Ante estos hechos, es claro que el silencio se ha vuelto una estrategia, una que parece consistente en evitar el costo político de confrontar estos temas. Pero, ¿cómo justificar este silencio en un gobierno que criticó precisamente la corrupción y la evasión en administraciones anteriores?

El gobierno de Petro está a tiempo de dar un giro y mostrar el cambio que prometió en la campaña. La sociedad colombiana espera que se exija responsabilidad y ética, sin importar de qué lado del espectro político provengan las faltas.