La extradición de Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, no pasó inadvertida. Justo cuando el capo de la banda criminal La Inmaculada abordaba el avión rumbo a Estados Unidos, estalló una nueva controversia política que amenaza con sacudir el ya tenso panorama electoral de 2026.

La precandidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio en el que el extraditado asegura haber entregado dinero a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, supuestamente destinado a la campaña presidencial de 2022. La grabación, cuya veracidad aún no ha sido contrastada judicialmente, se convirtió de inmediato en munición política y reavivó viejos fantasmas alrededor del llamado Pacto de la Picota.

En el audio, alias ‘Pipe Tuluá’ no solo niega haber intentado comprar funcionarios para frenar su extradición, sino que lanza una acusación directa: afirma que sí hubo entrega de dineros al hermano del presidente y que existen pruebas como videos, audios y consignaciones que, según él, serán entregadas a las autoridades estadounidenses. Una declaración explosiva, proveniente de un criminal confeso, pero con un impacto imposible de ignorar en plena precampaña.

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. En entrevista radial, desestimó las acusaciones, aseguró haber hablado con su hermano y fue enfático: “Eso no existe”. Petro insistió en que su campaña no recibió dinero de estructuras criminales y reiteró su discurso habitual: “No me hago elegir por asesinos, me hago elegir por el voto libre del pueblo”.

Juan Fernando Petro, por su parte, negó categóricamente cualquier vínculo financiero con ‘Pipe Tuluá’ y calificó las acusaciones como falsas. Aseguró que la campaña fue austera y que no recibió un solo peso del narcotráfico. Incluso habló de intentos previos de extorsión con supuestas pruebas fabricadas, sugiriendo que el momento político no es casual.

Más allá de las versiones encontradas, el episodio deja varias preguntas abiertas. ¿Por qué un capo decide hablar justo antes de ser extraditado? ¿Se trata de un intento de venganza, de chantaje o de una verdad que aún no ha salido a la luz? ¿Y por qué, una vez más, el nombre de Juan Fernando Petro aparece ligado a cárceles, negociaciones informales y versiones nunca aclaradas del todo?

Vicky Dávila pidió que el audio sea investigado por las autoridades y aseguró que lo hace por “transparencia con el país”. Otros sectores políticos también han exigido a la Fiscalía actuar con celeridad, no para validar automáticamente la palabra de un criminal, sino para esclarecer si hay o no sustento en una denuncia que ya circula en la opinión pública.

En un país marcado por el escepticismo frente a la política y por campañas atravesadas históricamente por dineros ilegales, el caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: en Colombia, muchas verdades no se prueban en redes sociales, pero tampoco se entierran ignorándolas.

La palabra final no la tendrán ni los audios filtrados ni los desmentidos radiales, sino la justicia. Mientras tanto, el ruido ya está hecho y el costo político, en plena carrera hacia 2026, apenas comienza a medirse.