Este miércoles, el Senado de la República deberá elegir al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes, quien culmina su periodo en la Corte Constitucional. Lo que debería ser un proceso centrado en la idoneidad, experiencia y compromiso con la defensa de la Constitución, terminó convertido en un pulso político entre quienes respaldan al presidente Gustavo Petro y quienes se le oponen.

La terna enviada por la Corte Suprema de Justicia incluye a Carlos Camargo, cercano a sectores conservadores y recordado por su paso cuestionado por la Defensoría del Pueblo, y a María Patricia Balanta, magistrada del Tribunal de Buga con más de 45 años de experiencia, cuya candidatura ha recibido el respaldo del Gobierno y de algunos de sus aliados en el Congreso. También figura Jaime Humberto Tobar, jurista de trayectoria en arbitraje y litigio.

Una elección politizada

Aunque se trata de uno de los cargos más importantes de la justicia colombiana, la discusión pública se ha reducido a si el nuevo magistrado será “pro-Petro” o “anti-Petro”. Una simplificación peligrosa, advierten exmagistrados y académicos, porque distorsiona el papel de la Corte Constitucional, tribunal que históricamente ha frenado abusos de poder, sin importar quién esté en la Casa de Nariño.

“Convertir la Corte en un campo de batalla política es un error grave. Su rol no es servir a un gobierno ni a un partido, sino proteger la Constitución”, señaló un exmagistrado consultado.

Lo que está en juego

La elección es especialmente delicada porque, con la salida de Reyes, la Corte completa cuatro relevos en menos de un año. Esto significa que el tribunal más importante del país se encuentra en plena renovación y sus decisiones marcarán la agenda nacional en temas sensibles como la reforma pensional, los estados de excepción y las discusiones sobre derechos fundamentales.

Además, la decisión del Senado tendrá efectos de largo plazo: el nuevo magistrado o magistrada ejercerá por ocho años, mientras que al gobierno de Gustavo Petro le queda apenas un año de mandato.

La sombra del clientelismo

A la politización se suma otro factor preocupante: las denuncias sobre clientelismo en la conformación de la terna. Carlos Camargo, por ejemplo, ha sido cuestionado por nombrar en la Defensoría del Pueblo a familiares de magistrados de la Corte Suprema que, posteriormente, votaron su inclusión en la lista de candidatos.

Organizaciones y expertos en derecho constitucional han advertido que, de persistir dudas sobre idoneidad o transparencia, el Senado debería devolver la terna a la Corte Suprema para garantizar un proceso limpio y a la altura de la institución.

Conclusión

En medio de cálculos políticos, alianzas y rivalidades personales, lo que debería ser un debate técnico se ha convertido en un juego de poder. La independencia de la Corte Constitucional, guardiana de la Carta Política, corre el riesgo de quedar comprometida si la elección se define bajo lógicas partidistas y no con base en méritos.

La pregunta que queda en el aire es si el Senado elegirá pensando en la Constitución o en las conveniencias políticas del momento.