Durante el paro nacional de 2021, Alfredo Mondragón emergió como uno de los líderes más visibles en el Valle del Cauca. A través de sus transmisiones en vivo, denunció presuntos abusos de la Fuerza Pública y retrató las protestas desde Cali, epicentro de las movilizaciones. Este protagonismo lo catapultó a una curul en la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en 2022, pero su trayectoria como congresista ha dejado más preguntas que respuestas sobre su verdadera capacidad para representar al pueblo.

Desde su llegada al Congreso, Mondragón ha sido un defensor incondicional del gobierno de Gustavo Petro, actuando como coordinador ponente de la polémica reforma a la salud aprobada en 2023 y como uno de los ponentes de la reforma laboral. Sin embargo, detrás de su fervor por impulsar la agenda oficialista, se vislumbran vacíos preocupantes, sobre todo en cuanto a la preparación técnica que exige legislar en temas tan complejos como el sistema de salud. Mondragón ha demostrado una inclinación a priorizar discursos políticos por encima de argumentos técnicos, lo cual debilita la legitimidad de las reformas que él apoya.

Recientemente, el congresista se ha visto envuelto en una nueva controversia que pone en entredicho su ética. El senador Jota Pe Hernández lo acusó de beneficiar a una prima suya con cuatro contratos millonarios con el Estado en 2023. Este tipo de denuncias generan una percepción de hipocresía: mientras Mondragón y su partido critican ferozmente la corrupción y el clientelismo, parecen caer en las mismas prácticas que tanto denuncian.

El caso de Mondragón pone en evidencia uno de los riesgos más grandes del “activismo pura sangre”: la ciega obediencia al partido y la falta de autocrítica. Este tipo de activistas, que se dedican a ejecutar agendas políticas sin un análisis técnico profundo, pueden terminar desvirtuando el servicio público, convirtiendo al Estado en un simple comité de aplausos para el gobernante de turno. A la larga, la falta de preparación y la priorización de agendas partidistas sobre el interés público llevan al estancamiento de las instituciones y a una pérdida de credibilidad ante la ciudadanía.

El activismo tiene su lugar y valor en la democracia, pero cuando se convierte en el único motor de la acción política, desprovisto de capacidad técnica y responsabilidad ética, se convierte en una trampa. Mondragón, con su fervor ideológico, corre el riesgo de caer en esa trampa, convirtiéndose en una pieza más del engranaje político del oficialismo, en lugar de un verdadero defensor del pueblo.

Es urgente que personajes como él comprendan que la política no puede limitarse a los eslóganes y a la obediencia ciega a una línea partidista. Gobernar y legislar exige conocimiento, integridad y capacidad para pensar más allá de los intereses del poder de turno. Si Mondragón no logra superar su activismo dogmático y abrazar un enfoque más técnico y comprometido con el bien común, su paso por el Congreso podría terminar siendo recordado no por las reformas que impulsó, sino por los errores que ayudó a perpetuar.