A sus 19 años, Katerine Martínez, alias “Gabriela”, no debería estar declarando ante la Fiscalía por su participación en un atentado contra un senador. Debería estar estudiando, construyendo su futuro, soñando con algo más que sobrevivir. Pero la Colombia profunda, esa que muchos prefieren no mirar, volvió a tragar a una joven más.

Su testimonio es demoledor. Aceptó transportar un arma para un ataque sicarial, se le insinuó la posibilidad de manejar explosivos, se acordó un pago en efectivo si el senador Miguel Uribe moría. Y lo más escalofriante: después del atentado fallido, había un plan para «eliminar la cola», es decir, asesinar a los propios ejecutores, incluida ella.

Gabriela no fue la autora material del intento de homicidio, pero formaba parte del engranaje. Lo sabía. Y sin embargo, su relato está lleno de una mezcla de miedo, ingenuidad y una resignación que no es fácil de entender si nunca se ha vivido la marginación.

Aquí no hay una historia de ideología, sino de instrumentalización. De cómo estructuras criminales usan a menores y jóvenes vulnerables como carne de cañón. De cómo las ofertas de protección vienen no del Estado, sino de grupos ilegales que prometen armas, techo y silencio en las selvas del Caquetá.

Lo más triste es que Gabriela, como tantos otros, no confió en las instituciones. Su idea de escape fue esconderse en el monte, entre fusiles y drones, donde la posibilidad de morir es tan alta como la de volverse victimaria. La promesa del «si no te sirve el escondite, te eliminan», no es una metáfora. Es la realidad brutal de una Colombia que aún no hemos reconciliado con la paz.

Mientras los líderes políticos discuten en tarimas, las balas siguen escribiendo destinos para los de abajo. Gabriela no es inocente. Pero tampoco es la única culpable. El crimen organizado la atrapó, pero el abandono social y estatal la empujó.

Es hora de preguntarnos cuántas Gabrielas más vamos a dejar caer antes de mirar hacia donde duele.