La Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión provisional del general del Ejército Juan Miguel Huertas y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía, en un caso que vuelve a sacudir a la Fuerza Pública y que expone, una vez más, los frágiles límites entre el Estado y las estructuras armadas ilegales.

La decisión, adoptada el pasado 23 de diciembre, se da en medio de una investigación disciplinaria que busca esclarecer presuntos vínculos con disidencias de las Farc, revelados tras la publicación de documentos atribuidos a alias ‘Calarcá’. Para el Ministerio Público, la suspensión es una medida necesaria para evitar la reiteración de las conductas denunciadas y proteger la transparencia del proceso.

Lo que está bajo la lupa no es menor. La Procuraduría investiga posibles contactos con estructuras armadas ilegales, la presunta entrega de información sensible de la Fuerza Pública —como códigos de frecuencia radial— y supuestos intentos de impulsar empresas de seguridad privada que habrían servido como fachada para legalizar armas y preparar escenarios ante una eventual ruptura de los diálogos con el Gobierno.

El caso salió del ámbito reservado cuando una investigación periodística de Noticias Caracol reveló los archivos atribuidos a alias ‘Calarcá’, en los que aparece mencionado el general Huertas, entonces jefe del Comando de Personal del Ejército. Según esos documentos, un hombre cercano al cabecilla disidente habría participado en reuniones en Bogotá con el oficial, en las que se exploró la creación de una empresa de seguridad con fines que hoy son materia de investigación.

Pero el nombre del general Huertas no solo aparece en este expediente. Tras la divulgación de esos archivos, dos exoficiales del Ejército que reconocieron su participación en ejecuciones extrajudiciales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo señalaron de haber presuntamente facilitado falsos positivos en Antioquia cuando tenía el grado de capitán. Por estos hechos, la JEP confirmó que será llamado nuevamente a rendir versión voluntaria.

En cuanto a Wilmar Mejía, la Procuraduría indaga si, desde su cargo en la DNI, habría actuado como intermediario entre organizaciones criminales y miembros de la Fuerza Pública, un señalamiento que, de confirmarse, pondría en entredicho los controles internos de uno de los organismos más sensibles del Estado.

El Ministerio Público ha insistido en que la suspensión tiene un carácter preventivo y no constituye un fallo de fondo. Sin embargo, el caso deja preguntas abiertas sobre la penetración de estructuras ilegales en altos niveles institucionales y revive el debate sobre la necesidad de mayores controles, especialmente en un contexto de negociaciones y reconfiguración del conflicto armado.

Mientras avanzan en paralelo las investigaciones disciplinarias y las actuaciones ante la JEP, el país vuelve a enfrentar una incómoda realidad: los fantasmas de la guerra y la ilegalidad siguen rondando los pasillos del poder, y su esclarecimiento será clave para la credibilidad de las instituciones.