Un expediente en poder de la Fiscalía General de la Nación revela una grave alerta sobre el uso de recursos del Estado en medio del conflicto armado: vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignados a firmantes del Acuerdo de Paz, habrían sido utilizados para transportar armas, guerrilleros y material de guerra de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.

El caso involucra a Gustavo Bocanegra, conocido en su etapa guerrillera como alias Donald, excomandante del Frente 21 de las Farc y hoy firmante del Acuerdo de Paz, quien actualmente comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del caso 01.

Traslado de armas en vehículos oficiales

De acuerdo con interrogatorios practicados por la Fiscalía a miembros capturados de las disidencias, el esquema de protección asignado a Bocanegra habría sido utilizado en al menos dos episodios de 2024 para trasladar armamento desde el Caquetá hasta el Tolima, zona donde opera el Frente Joaquín González, estructura armada vinculada a alias Calarcá.

Uno de los testimonios señala que el cruce del armamento se realizó en coordinación con comparecientes del ETCR de Icononzo y que los desplazamientos se hicieron en dos o tres camionetas blancas de la UNP, acompañadas por vehículos adicionales contratados.

Según el expediente judicial, el material transportado incluía:

• 16 fusiles

• 5 pistolas calibre 9 mm

• 6.000 cartuchos

• 100 uniformes

• 100 gorras

• 20 pecheras

El armamento habría sido suministrado por el bloque Jorge Suárez Briceño y movilizado durante cerca de quince días por aproximadamente cincuenta personas, parte del trayecto a lomo de mula hasta una zona limítrofe entre Huila y Tolima.

Movilidad armada y extorsión a comunidades

La investigación también documenta que los mismos vehículos oficiales habrían sido usados para trasladar guerrilleros con órdenes de captura hacia diferentes municipios del Tolima, donde sostuvieron reuniones con comunidades rurales.

En particular, el expediente menciona desplazamientos hacia la vereda Patio Bonito, en El Espinal, donde presuntamente se realizaron procesos de carnetización y cobros extorsivos. “Todos estos movimientos se realizaron en los vehículos de la UNP, pertenecientes al esquema de seguridad de alias Donald”, señala uno de los documentos citados por la Fiscalía.

Los hechos se ubican en septiembre de 2024, cuando alias Calarcá habría ordenado el traslado de hombres desde Caquetá para fortalecer su estructura armada y consolidar control territorial, en disputa con disidencias de alias Iván Mordisco.

Silencio de los involucrados y reacción de la UNP

Hasta el momento, Gustavo Bocanegra no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Tampoco la JEP ha emitido una posición oficial frente a los señalamientos que involucran a uno de sus comparecientes.

Por su parte, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, aseguró desconocer la información revelada por la Fiscalía, aunque reconoció que la entidad ha enfrentado irregularidades históricas. “No conocía esta grave información (…) nos ponemos a disposición de la Fiscalía para entregar todo lo que sea requerido”, afirmó.

Un golpe a la credibilidad del sistema de protección

La revelación plantea serios cuestionamientos a los mecanismos de control, seguimiento y verificación de los esquemas de seguridad otorgados por el Estado, especialmente a firmantes del Acuerdo de Paz.

El uso presunto de vehículos oficiales para el transporte de armas no solo compromete la seguridad nacional, sino que erosiona la confianza pública en los programas de protección y reincorporación, diseñados para garantizar la no repetición del conflicto.

Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, el caso deja abierta una pregunta de fondo:
¿cómo evitar que los recursos creados para proteger la vida terminen facilitando la guerra?