La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentra en el ojo del huracán tras las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien reveló detalles sobre un esquema de corrupción que, presuntamente, involucró al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según su testimonio, se desviaron millonarios recursos para sobornar congresistas con el objetivo de asegurar votos favorables a las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.

Testimonio que sacude al Gobierno

Benavides, en declaraciones entregadas a la Fiscalía General de la Nación, afirmó que fue utilizada por Bonilla para gestionar el direccionamiento de tres contratos valorados en 92.000 millones de pesos. Estos contratos, destinados a proyectos de mitigación en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), fueron supuestamente manejados para beneficiar a congresistas a cambio de apoyos legislativos.

«Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda. A él no le importaba el costo que tenía que pagar», aseguró Benavides. Además, explicó que Bonilla tenía pleno conocimiento de los contactos enviados por congresistas para facilitar la adjudicación de los contratos.

Redirección de recursos antes de elecciones

El ministro Bonilla firmó dos resoluciones que adicionaron 1,4 billones de pesos al presupuesto de la UNGRD, una de ellas un mes antes de las elecciones regionales de 2023. Según Benavides, gran parte de estos recursos fueron destinados a sobornos en diciembre, momento clave para la aprobación de préstamos necesarios para las finanzas del país.

La exasesora indicó que las decisiones estaban coordinadas con otros altos funcionarios, como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quienes también habrían estado al tanto de los movimientos irregulares.

Detalles del entramado

Benavides relató que recibió presión directa para gestionar los contratos. “El 11 de diciembre, cuando le mando los contactos a Jaime Ramírez Cobo, ya había pasado la reunión con Velasco. Él sabía de la urgencia y que el ministro Bonilla iba a cambiar una cosa por otra”, afirmó.

Asimismo, indicó que la operación de los sobornos fue simultánea al proceso de aprobación de créditos en el Congreso, destacando que su rol consistía en gestionar los contactos y mostrar a los congresistas que los contratos sí se aprobarían.

Sin documentos que respalden reuniones clave

Aunque Benavides mencionó reuniones con Velasco y otros funcionarios, afirmó que no existen registros oficiales que prueben su participación. Sin embargo, dejó claro que Bonilla y sus colaboradores manejaron directamente las gestiones con la UNGRD.

Impacto político y económico

El escándalo, que incluye la posible utilización de recursos públicos para intereses políticos, suma tensiones al Gobierno de Gustavo Petro. Además de los cuestionamientos éticos, la cancelación de proyectos como el Tour Colombia y las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos han golpeado la confianza en las instituciones.

La Fiscalía avanza en la investigación para determinar la responsabilidad penal de los implicados. Mientras tanto, el ministro Bonilla enfrenta una creciente presión política para responder por las graves acusaciones que comprometen su gestión al frente de la cartera de Hacienda.