Otra vez, el Chocó está sitiado. Otra vez, el terror se impone sobre la vida cotidiana de más de 32.000 personas. Y otra vez, el Estado colombiano parece mirar para otro lado.

Desde el 2 de mayo, un nuevo paro armado decretado por el Frente de Guerra Occidental del ELN paralizó más de 150 comunidades a orillas del río Baudó. Durante al menos 72 horas —y, seguramente, más allá— los habitantes no pueden salir de sus casas, ni ir al médico, ni llevar a sus hijos a la escuela, ni comprar alimentos. Están confinados por orden de un actor ilegal que, en su cinismo, asegura que lo hace para protegerlos. ¿De quién? Del mismo fuego cruzado que ellos, con sus armas, mantienen encendido.

Este no es un hecho aislado. Es la segunda vez en el año que el ELN impone un paro armado en la región. En lo corrido del 2024, se calcula que cerca de 100.000 personas han sido afectadas directa o indirectamente por las acciones violentas de grupos armados ilegales en el Chocó. Secuestros, extorsión, desplazamiento, enfrentamientos y ahora también la expansión de la violencia urbana en ciudades como Quibdó e Istmina. Lo que antes era ruralidad herida, hoy es territorio completamente capturado por la criminalidad.

¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno nacional reaccione con decisión frente a esta crisis? ¿Acaso no es suficiente que secuestren al director de la autoridad ambiental del departamento, Arnold Rincón, en plena carretera principal, para demostrar el grado de vulnerabilidad institucional que enfrenta la región?

El Estado no solo ha fallado en proteger, sino también en responder. Se habla de aumentar la presencia militar, pero no hay una estrategia clara. La coordinación interinstitucional que pide la Defensoría del Pueblo es urgente, pero suena a eufemismo cuando el abandono ha sido sistemático.

Mientras tanto, el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC se disputan el control de corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Firmas criminales que ahora no solo siembran terror, sino que han construido redes de microgobierno en barrios, veredas y pueblos enteros. Allí, un vendedor ambulante paga “vacuna”, un padre de familia teme por su hijo adolescente y una comunidad entera se encomienda a la suerte cada vez que escucha disparos cerca del río.

Chocó no es una nota al pie en la historia del conflicto armado colombiano. Es su retrato más doloroso y persistente. Un departamento olvidado por las políticas de desarrollo, abandonado por la seguridad y ausente en las prioridades del Estado. La paz total que promulga el Gobierno no puede seguir construyéndose sobre los escombros de territorios que ya no aguantan más promesas incumplidas.

El país no puede seguir tolerando que haya lugares donde la Constitución no se aplica, donde la justicia no llega, donde la vida es una apuesta incierta cada día. Chocó necesita más que comunicados oficiales. Necesita presencia real, atención sostenida y voluntad política. Porque cada vez que callamos ante el fuego, también somos cómplices del olvido.