Tres años y medio después de iniciado el primer Gobierno de izquierda en Colombia, la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 recibió una sanción histórica: por primera vez, el Consejo Nacional Electoral (CNE) castiga a una campaña presidencial por exceder los topes de financiación, ocultar gastos y recibir aportes de fuentes prohibidas.

La decisión, que se tomó con seis votos a favor y tres en contra, terminó dependiendo del conjuez Majer Nayi Abushihab, quien inclinó la balanza para que prosperara la ponencia. Con la sanción quedan comprometidos el entonces gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora interna María Lucy Soto. Los tres deberán pagar multas que superan los $5.922 millones.

La Corte Constitucional, en una decisión previa de abril de 2025, había frenado cualquier actuación del CNE contra el presidente Petro por su fuero. Por eso el fallo solo cobija a sus colaboradores y a los partidos vinculados.

1. Violación de topes: más de $3.000 millones por encima del límite

El CNE determinó que la campaña superó los topes permitidos tanto en primera como en segunda vuelta. En total, el exceso llegó a $3.042 millones, cifra que —según expertos— representa una ventaja indebida frente a otras candidaturas que actuaron dentro de los límites legales.

En primera vuelta, la campaña gastó más de $30.000 millones, pese a que el máximo permitido era de $28.000 millones. En segunda vuelta, el equipo de Petro volvió a sobrepasar el tope por $500 millones.

2. Aportes prohibidos: sindicatos y empresas vinculadas

El fallo también confirmó ingresos de dinero provenientes de organizaciones que no pueden financiar campañas políticas. Entre ellas se encuentran:

• Fecode: $500 millones

• USO (Unión Sindical Obrera): más de $120 millones

• Ingenial Media: $931 millones

Estos aportes violan la prohibición expresa de recibir recursos de personas jurídicas, independientemente de si su origen es legal o no. En total, la campaña habría utilizado más de $2.100 millones provenientes de estas fuentes.

3. Ocultamiento de gastos: casi $3.700 millones sin reportar

El CNE también encontró que más de $3.698 millones en gastos de campaña no fueron incluidos en los reportes obligatorios. Entre ellos estaban pagos de pauta política, gastos para testigos electorales, aprovisionamientos financieros y un evento en el Movistar Arena.

Aunque el organismo no consideró ese evento como gasto de campaña, sí compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa por un posible fraude procesal, pues la campaña sí habría solicitado reposición de gastos al Estado.

Consecuencias y lo que viene

Además de las multas económicas, el CNE envió copias del expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara, el único órgano que puede investigar al presidente Petro. La Fiscalía también deberá determinar si hay mérito para abrir procesos penales por:

• financiación prohibida (art. 396A)

• violación de topes (art. 396B)

• presunto fraude procesal (art. 453), que contempla penas de hasta 12 años.

Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica fueron sancionados con más de $500 millones por su rol en la campaña.

Golpe político en vísperas del 2026

Aunque la sanción no impide al Pacto Histórico participar en las elecciones del próximo año, expertos advierten que el fallo afecta su credibilidad en un momento clave. Sectores del petrismo han dicho que se trata de una persecución, pero no han presentado pruebas.

Lo cierto es que el fallo del CNE abre una nueva fase: ahora el expediente entra al radar penal y político, mientras el país se acerca a unas de las elecciones más complejas de su historia reciente.