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Procuraduría investiga grave lío en contrato que prometía reactivar la economía en La Mojana.
El Fondo de Adaptación, entidad hoy ubicada en el centro del radar político y administrativo del Gobierno Nacional, vuelve a enfrentar cuestionamientos. Informes internos y reservados, conocidos por El Espectador, revelan serios incumplimientos en un contrato por $36.211 millones, adjudicado hace casi un año a la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, de la cual hace parte la Fundación de Educación Superior San José, institución ya envuelta en polémicas por entregar un título académico exprés a la exasesora del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero.
Un contrato sin avances y con múltiples alertas
El millonario convenio fue diseñado para reactivar la economía de las familias afectadas por las inundaciones en La Mojana, una región conformada por 11 municipios en Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia. Sin embargo, según documentos internos del Fondo, el proyecto no presenta avances concretos pese a estar en ejecución desde febrero de 2024.
La interventoría señala que el contratista habría incumplido 13 compromisos básicos de la fase de alistamiento, entre ellos:
No entregar un diagnóstico socioeconómico completo de la región.
Enfocar el análisis únicamente en la cadena del arroz, pese a que debía incluir otros sectores productivos.
Falta de evidencia en los encuentros territoriales: el contrato exigía cuatro por municipio, pero no hay trazabilidad que permita verificar su realización.
Omisión de asociaciones productivas clave: 234 grupos habrían sido descartados sin justificación técnica.
La interventoría incluso planteó una sanción equivalente a 26 salarios mínimos por los incumplimientos.
Tensión interna en el Fondo
El entonces gerente encargado del Fondo de Adaptación, Carlos Carrillo, aseguró haber ordenado bloquear pagos y declarar el incumplimiento del contratista. Según afirma, antes de concretar las medidas fue removido de su cargo “por presiones políticas”.
Tras su salida, la entidad vivió una seguidilla de movimientos internos:
Johan Steven Londoño llegó como subgerente de proyectos y adjudicó contratos a personas vinculadas políticamente con su suegra, la senadora Berenice Bedoya (ASI).
Posteriormente asumió la gerencia Katherine Rojas, señalada por Carrillo de intentar destrabar pagos al contratista cuestionado. Terminó renunciando.
Finalmente el presidente envió a la gerencia a Angie Rodríguez, mano derecha del mandatario en la Casa de Nariño.
Rodríguez aseguró recientemente que encontró “irregularidades graves” al asumir el control y que prepara un informe que será revelado en los próximos días.
Los hilos políticos detrás del contrato
De acuerdo con fuentes internas, el proceso de adjudicación estuvo rodeado de denuncias anónimas que relacionaban a políticos del Caribe y del Partido de La U con la contratación.
La participación de la Fundación de Educación Superior San José, a través de su representante Francisco Pareja, reavivó controversias del pasado. Pareja ha tenido vínculos políticos con el exsenador Armando Benedetti y con estructuras del partido de La U.
El director del contratista, Jorge Zabala, respondió que la información sobre el avance del proyecto debe ser solicitada directamente al Fondo de Adaptación, al ser “los dueños del proyecto”.
Una crisis que golpea la agenda del Gobierno
Tanto en el Fondo de Adaptación como en la Casa de Nariño hay preocupación por lo que consideran una “alerta roja” en una entidad que maneja recursos superiores a $1,12 billones, dirigidos a atender a poblaciones afectadas por desastres naturales.
En sectores del petrismo reconocen que, a ocho meses de terminar el gobierno, el presidente Gustavo Petro sigue sin resolver el problema de Caregato, las inundaciones en La Mojana y la implementación de soluciones definitivas basadas en la gestión del agua.
En los próximos días, según fuentes oficiales, se revelarán nuevas investigaciones internas que podrían ampliar la lista de presuntas irregularidades en la entidad.
