Una grave controversia rodea al Ministerio de la Igualdad tras las denuncias sobre el manejo de un presunto “fondo paralelo”, conocido como FonIgualdad, desde el cual se habrían comprometido cerca de $140 mil millones en contratos durante un periodo que coincide con las elecciones de 2026.

La alerta fue encendida por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien reveló que solo cuatro contratos firmados con la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S. suman $70.582 millones y buscan vincular a más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, un lapso altamente sensible desde el punto de vista electoral.

Según la congresista, la contratación estaría dirigida principalmente a programas como Jóvenes en Paz, el Sistema de Violencia Basada en Género y Agua es Vida, pese a que el Ministerio ya cuenta con una amplia planta de funcionarios y contratistas. A noviembre de 2025, MinIgualdad tenía 191 contratistas y 541 funcionarios, ninguno de carrera administrativa.

Pero el señalamiento no termina allí. Valencia también denunció que a través de FonIgualdad se contrataron dos operadores logísticos por $68.949 millones para la realización de eventos, funciones que corresponderían directamente al Ministerio. De acuerdo con la senadora, esta maniobra habría tenido como objetivo evadir la Ley 80 de contratación pública, al celebrar los contratos bajo derecho privado y sin licitación.

La opacidad es otro de los puntos críticos. En el SECOP no aparecen facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión de los contratos, situación que, según Valencia, solo empezó a corregirse parcialmente tras sus denuncias públicas en el Congreso. “Durante dos años el Fondo no publicó nada. Ahora entendemos por qué”, afirmó.

Las dudas sobre la gestión del Ministerio también se extienden a su nivel de ejecución presupuestal. En diciembre pasado, la congresista Catherine Juvinao acusó al ministro Juan Carlos Florián de entregar información falsa, al asegurar que la ejecución era del 46%, cuando en realidad rondaría apenas el 7%, según cifras oficiales. Por este hecho, Juvinao anunció una queja disciplinaria ante la Procuraduría.

A este panorama se suma la reciente destitución del exviceministro Dumar Guevara, tras revelarse chats con insultos y amenazas dirigidas a familiares del presidente Gustavo Petro. Lo más delicado, según investigaciones periodísticas, es que Guevara también estaría vinculado a presuntas irregularidades en un contrato superior a los $55.000 millones firmado con FonIgualdad.

El escándalo estalla en un momento clave: el Ministerio de la Igualdad fue declarado inexequible por la Corte Constitucional y el Gobierno tiene plazo hasta el próximo año para presentar nuevamente el proyecto ante el Congreso. Sin embargo, voces de distintas bancadas advierten que el futuro de la cartera es incierto, especialmente ante los crecientes cuestionamientos por burocracia, baja ejecución, falta de transparencia y posible uso político de los recursos públicos.

Mientras avanzan las denuncias, crece la presión para que los entes de control investiguen a fondo si FonIgualdad fue concebido como una herramienta social o si terminó convertido en una estructura paralela de contratación en pleno año electoral.