El reciente escándalo que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y al Ministerio de Hacienda no solo expone un presunto esquema de corrupción, sino que también plantea serias preguntas sobre la ética en la gestión pública y el uso indebido del poder.

En el corazón del caso están grabaciones de seguridad que documentan las reuniones de altos funcionarios y congresistas en el Ministerio de Hacienda a finales de 2023. Estas imágenes, sumadas a los testimonios de exfuncionarios, revelan un posible entramado de «compra de votos» para asegurar la aprobación de millonarios créditos internacionales.

Los hechos
En diciembre de 2023, mientras la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobaba préstamos por más de 92 mil millones de pesos, videos muestran cómo congresistas ingresaban al Ministerio para reunirse con figuras clave del gobierno. En paralelo, testimonios como el de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalan un direccionamiento claro: los contratos serían la «moneda de cambio» para garantizar los votos en el Congreso.

“El ministro Bonilla me dio instrucciones directas para gestionar esos contratos”, confesó Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. Estas palabras, respaldadas por registros de chats y las bitácoras de seguridad del Ministerio, pintan un panorama inquietante de corrupción sistemática.

El papel de los congresistas
Los nombres de Wadith Manzur, Karen Manrique, Julian Peinado, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, entre otros, resuenan con fuerza en este caso. Según las investigaciones, estos parlamentarios, que formaban parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían recibido promesas de contratos a cambio de su respaldo legislativo.

Uno de los momentos más críticos ocurrió el 12 de diciembre, cuando se aprobaron cinco créditos internacionales. Ese mismo día, según testigos, el ministro Bonilla y otros funcionarios intensificaron los contactos con congresistas para garantizar la aprobación del último crédito pendiente.

Implicaciones políticas
La renuncia de Ricardo Bonilla fue apenas el primer golpe en una cadena de eventos que amenaza con sacudir los cimientos del actual gobierno. Las acusaciones también alcanzan a figuras de peso como Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Jaime Ramírez Cobo, asesor de Presidencia, quienes habrían participado en estas gestiones.

Además, este caso pone de nuevo en el foco el problema del clientelismo en Colombia, donde la distribución de contratos públicos parece seguir siendo una herramienta de control político.

El desafío de la justicia
Aunque la Corte Suprema ya avanza en las investigaciones, los ciudadanos se preguntan si esta será otra historia de impunidad o si, por el contrario, marcará un precedente para frenar la corrupción en los altos niveles del poder.

La política, lamentablemente, sigue atada a prácticas opacas que priorizan intereses personales sobre el bienestar público. El escándalo del Ministerio de Hacienda y la UNGRD es un llamado urgente a repensar cómo se ejerce el poder en Colombia.

¿Será esta la oportunidad para un cambio real, o solo otro capítulo de indignación pasajera?