Una alarmante campaña de desprestigio digital se ha desatado contra aquellos que se atreven a oponerse a la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro, reflejando el uso estratégico de las redes sociales como una plataforma para el hostigamiento, la discriminación y la violencia política. Activistas como Hanna Escobar, defensora de los derechos de los pacientes y firme crítica de la reforma, se han convertido en blanco de ataques que no solo buscan silenciar su voz, sino destruir su reputación a través de una agresión digital que parece estar orquestada por bodegas y contratistas cercanos al gobierno.

Lo más alarmante de este fenómeno es la impunidad con la que se ejecutan estos ataques. En lugar de proteger la libertad de expresión, el Estado parece haber permitido que las redes sociales se transformen en un campo de batalla donde se imponen silencios violentos a quienes se atreven a desafiar la narrativa oficial. Activistas, congresistas y ciudadanos que critican al gobierno se ven constantemente acosados, y no solo por simples insultos: los ataques son sistemáticos, y se caracterizan por ser de una violencia extrema, con amenazas de muerte, difamación y comentarios sexistas y misóginos.

El caso de Escobar es solo uno de los muchos ejemplos de cómo las «bodegas digitales» operan al servicio de los intereses políticos del oficialismo. Estos ataques, además de ser profundamente irresponsables, son un claro reflejo de una estrategia política que busca deslegitimar a cualquier opositor, no con argumentos, sino con tácticas sucias que apelan al matoneo virtual. Personas vinculadas al gobierno, como Carlos Castro, contratado por el Ministerio de Agricultura, o Wally Rodríguez, contratista de RTVC, no se limitan a mostrar su apoyo al gobierno; más bien, se dedican a lanzar comentarios hirientes y despectivos contra quienes ejercen su derecho a la crítica, descalificándolos como «víctimas» que pretenden manipular la opinión pública.

Lo más grave de esta situación es el impacto directo sobre el derecho a la crítica política. En una democracia, el ejercicio de la oposición debe ser una garantía, no una sentencia de muerte social. Sin embargo, el gobierno de Petro ha creado un ambiente en el que la discrepancia política es constantemente atacada y estigmatizada, particularmente a través de las redes sociales. La estrategia parece ser clara: desacreditar a quien se oponga, destruir su imagen y ridiculizar su discurso para que el debate público se convierta en un monólogo de una sola voz.

Estas agresiones digitales no solo afectan a las personas atacadas, sino que crean un clima de miedo que inhibe la participación política. Cuando los opositores saben que pueden ser objeto de ataques violentos y difamatorios sin repercusiones, muchos se ven obligados a autocensurarse, lo que atenta contra la democracia misma. En lugar de promover un debate sano, plural y respetuoso, las redes sociales se han convertido en un espacio de odio, desinformación y manipulación que favorece la polarización extrema.

El presidente Gustavo Petro, que alguna vez afirmó que las redes sociales se parecen a las paredes de un baño, parece haber olvidado la lección de su propio comentario. A pesar de que la violencia digital es un fenómeno conocido, su gobierno no ha tomado medidas efectivas para regular y sancionar estas conductas. Al contrario, la administración parece mirar hacia otro lado, permitiendo que sus seguidores más radicales, incluyendo contratistas y figuras cercanas a su entorno, continúen con su cruzada de desprestigio.

De acuerdo con el abogado Francisco Bernate, este tipo de ataques no solo violan los principios de convivencia democrática, sino que son también delitos según la ley colombiana. El hostigamiento, la discriminación y la invasión de la vida privada son conductas penadas por el Código Penal, pero parece que este marco legal es inaplicable cuando se trata de los enemigos políticos del gobierno. Llamar a alguien “nazi” o difundir su información personal, como se ha hecho con Escobar, no solo es un acto de odio, sino también una vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, las autoridades parecen estar inactivas, lo que aumenta la sensación de impunidad que reina en estos espacios virtuales.

La libertad de expresión, que debería ser un pilar de cualquier democracia, está siendo distorsionada por quienes usan las redes sociales como un campo de batalla para destruir reputaciones, fomentar el odio y callar a quienes piensan diferente. La polarización que impera en Colombia no es solo una cuestión política, es una cuestión de convivencia, de respeto a la diversidad de opiniones y, sobre todo, de dignidad para quienes no comparten el proyecto político del gobierno de Petro.

La violencia digital ha llegado para quedarse, pero no por eso debe ser tolerada. Es urgente que las autoridades, el gobierno y la sociedad civil tomen conciencia de que este tipo de agresiones no solo afectan a las personas atacadas, sino que también socavan la democracia y el tejido social. Si no se actúa de manera contundente, Colombia se encamina hacia una sociedad donde el matoneo digital sea la norma, y no la excepción, en el debate político.

En lugar de promover una cultura de respeto y pluralidad, el gobierno de Petro, lejos de ser el líder de la reconciliación que prometió ser, está alimentando un clima de odio y hostilidad. La violencia digital no debe tener cabida en un país que se dice democrático. Es hora de que el gobierno de Petro, que predica la paz, actúe con responsabilidad y garantice que la disidencia pueda expresarse sin miedo a ser atacada. La democracia digital es, en última instancia, la única forma de preservar la democracia misma.