En un país donde la corrupción ha sido un problema endémico y donde la falta de transparencia en la gestión pública ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones, el reciente debate sobre las declaraciones de renta de los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro plantea serias interrogantes sobre el compromiso real del actual gobierno con la rendición de cuentas.

La solicitud del concejal Daniel Briceño para que Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, publique su declaración de renta ha desatado una tormenta de acusaciones y defensas. La negativa de Bolívar, en tres ocasiones, a hacer pública su declaración ha llevado a Briceño a acusarlo de “hacer trampa” y de estar en complicidad con un gobierno que, supuestamente, busca ocultar la información que debería ser de acceso público. Pero más allá de esta disputa personal, la situación revela una tendencia más amplia que nos debe preocupar a todos los colombianos.

Un Cambio en las Normas: ¿Una Justificación Legal o un Engaño?

La Ley 2013 de 2019 fue establecida precisamente para obligar a los altos funcionarios a publicar sus declaraciones de renta, un mecanismo vital para prevenir la corrupción y garantizar que los ciudadanos puedan verificar que quienes toman decisiones sobre el dinero público lo hagan de manera ética y transparente. Sin embargo, el gobierno de Petro ha decidido cambiar esta norma, limitando el acceso a esta información bajo el pretexto de proteger los datos personales.

Cielo Rusinque, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), ha defendido la decisión del gobierno, argumentando que la restricción se basa en un mandato de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Sin embargo, su justificación se siente más como un intento de enmascarar una falta de voluntad política que un verdadero compromiso con la protección de datos. ¿Realmente es más importante proteger los datos personales de los funcionarios que garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos?

La respuesta, aparentemente, es un “sí”. Este cambio normativo no solo contradice el espíritu de la Ley 2013, sino que también sienta un peligroso precedente: la posibilidad de que futuros gobiernos sigan el mismo camino de opacidad bajo la excusa de proteger la privacidad de los funcionarios. Esto es inaceptable y pone en riesgo la confianza pública, un bien tan frágil y necesario en cualquier democracia.

Un Juego de Poder

El enfrentamiento entre Briceño y Bolívar es representativo de una lucha más amplia entre el deseo de transparencia y la cultura de la opacidad que persiste en la política colombiana. Mientras que Briceño exige claridad sobre las declaraciones de renta, Bolívar, defendiendo su integridad, se escuda en el cumplimiento de la ley. La ironía es que, a medida que ambos políticos se acusan mutuamente, el verdadero perdedor es el ciudadano común, quien se ve privado de información crucial sobre la conducta de sus servidores públicos.

Lo que es más alarmante es que, según informes recientes, uno de cada tres altos funcionarios del gobierno Petro ha fallado en reportar sus conflictos de interés. Esta cifra, que incluye a la vicepresidenta Francia Márquez y a varios ministros, indica una falta de compromiso con la rendición de cuentas que trasciende la mera cuestión de las declaraciones de renta. Se trata de una cultura en la que la opacidad se convierte en la norma y la rendición de cuentas en una excepción.

Un Llamado a la Acción

La situación actual exige un cambio urgente. No solo es necesario que el gobierno de Petro revoque las restricciones impuestas sobre las declaraciones de renta, sino que también debe adoptar una postura proactiva en la promoción de la transparencia. Esto incluye la publicación accesible y comprensible de las declaraciones de todos los funcionarios, así como la creación de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las leyes de rendición de cuentas.

Los ciudadanos merecen saber si sus funcionarios están actuando en su interés o si, por el contrario, están utilizando sus posiciones para beneficiarse a sí mismos y a sus allegados. Las declaraciones de renta y los informes de conflictos de interés no son meras formalidades burocráticas; son herramientas vitales para asegurar que quienes manejan el dinero público lo hagan con responsabilidad y ética.

Conclusión

La batalla por la transparencia en Colombia no se ganará con medidas superficiales ni con palabras vacías. Requiere un compromiso real de todos los actores políticos, un cambio en la cultura de la gestión pública y, sobre todo, una rendición de cuentas efectiva. En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro tiene la oportunidad de demostrar que está dispuesto a romper con la tradición de opacidad que ha plagado a la política colombiana. La pregunta es: ¿está realmente dispuesto a hacerlo?