Tras más de un año de denuncias por parte de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, fueron finalmente intervenidas dos estaciones de servicio ubicadas en zonas rurales de Jamundí (Valle) y Morales (Cauca), tras ser señaladas como puntos clave en el abastecimiento logístico del grupo armado ilegal Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc liderada por alias Iván Mordisco.

Las investigaciones, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, apuntan a que estas estaciones operaban desde 2022 sin supervisión adecuada, permitiendo el desvío de combustible para actividades ilícitas, especialmente la construcción de vías clandestinas utilizadas para el tráfico de drogas entre el suroccidente del país y el Pacífico colombiano, concretamente hacia la zona de El Naya.

1,7 millones de galones de gasolina: una alerta temprana ignorada

Desde su posesión como mandataria, la gobernadora Toro venía alertando que solo una de estas estaciones, ubicada en la vereda La Cabaña del corregimiento La Liberia, reportaba un consumo anormalmente elevado: 1.700.000 galones anuales, equivalente a la mitad del consumo total de Cali, la capital del departamento.

“Desde el primer día de mi gobierno denuncié el funcionamiento ilegal de estas estaciones. Gracias a la Fiscalía, se logró identificar y capturar a los responsables, y se desactivaron estos puntos de distribución”, señaló Toro.

Acusaciones cruzadas: ¿Quién autorizó las estaciones?

El caso ha escalado políticamente luego de que el representante del Centro Democrático, Christian Garcés, denunciara públicamente que la autorización de al menos una de estas estaciones se dio durante la administración del exalcalde de Jamundí, Felipe Ramírez, y que la infraestructura estaría en zona controlada por el frente Jaime Ramírez del EMC.

Garcés también exigió explicaciones al representante a la Cámara Duvalier Sánchez (Partido Verde), insinuando que su equipo pudo haber tenido conocimiento o relación con la aprobación de las licencias de funcionamiento.

Tanto Ramírez como Sánchez han rechazado las acusaciones. El exalcalde afirma que las licencias pudieron haber sido falsificadas y entregó a la Fiscalía registros de comunicaciones internas. Por su parte, Sánchez calificó la denuncia como malintencionada, y también presentó una denuncia formal sobre el uso de documentación irregular para la operación de la gasolinera.

Seguridad regional en la mira

Las estaciones cerradas no solo se convierten en un punto más de tensión entre las autoridades y el EMC, sino también en un símbolo del control territorial que aún ejercen los grupos armados en zonas clave del suroccidente colombiano.

La gobernadora Toro reiteró que se están fortaleciendo los operativos conjuntos con Policía y Ejército en la zona rural de Jamundí y municipios limítrofes. “Hay tranquilidad, pero también prevención. Habrá muchos controles para proteger a los vallecaucanos”, aseguró.

La investigación de la Fiscalía continúa para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios que habrían permitido la operación irregular de estas estaciones, y si existieron omisiones deliberadas o complicidad con estructuras criminales.