En un operativo conjunto que ha llamado la atención a nivel nacional, las autoridades colombianas y el FBI lograron desmantelar una red de proxenetas en Cartagena, resultando en el rescate de 54 menores de edad involucrados en actividades de explotación sexual. La operación, conocida como ‘Cristal 2’, se llevó a cabo el 11 de octubre de 2014 y fue el resultado de un trabajo encubierto realizado por un agente colombiano y un exagente del FBI, Tim Ballard.

El operativo fue posible gracias a la colaboración de múltiples entidades, incluyendo la Fiscalía, la Armada Nacional, Migración Colombia, y la ONG de Tim Ballard, así como el Instituto de Bienestar Familiar. Los menores eran comercializados en la isla La Coqueta, cerca de Cartagena, a través de un sistema que involucraba un catálogo con fotografías y descripciones de las víctimas, presentándolas como candidatas a una falsa agencia de modelos.

Detalles de la operación

En una entrevista, Tim Ballard relató que, durante la investigación, se acercaron a un hombre conocido como Juan Manuel Oquendo Sierra, alias ‘Fuego’, quien ofreció a las menores en una playa de Cartagena. «Nos llegó un hombre que dijo: ‘Yo tengo niñas para sexo, ¿están interesados?'», explicó Ballard. Este encuentro, junto con otros, fue grabado en video, lo que proporcionó evidencia crucial para desmantelar la red.

Los investigadores también realizaron un almuerzo en un restaurante local donde instalaron cámaras para registrar las interacciones con los proxenetas. Durante este encuentro, se evidenció el modus operandi del grupo, así como la alarmante realidad de la explotación de menores en la región.

Consecuencias legales

El resultado de la operación fue la captura de cinco individuos, de los cuales el Tribunal Superior de Cartagena absolvió a uno el 10 de octubre de este año. Los otros cuatro, identificados como Kelly Johana Suárez Moya, Samuel David Olave, Eduardo Ortega, y Juan Manuel Oquendo Sierra, enfrentan condenas de aproximadamente 16 años de prisión.

La Fiscalía ha destacado la importancia de este caso como un paso significativo en la lucha contra la explotación sexual infantil en Colombia, evidenciando la necesidad de un enfoque coordinado para proteger a los menores de la explotación sexual y combatir las redes de tráfico humano que operan en el país.