En una escalada de acciones contra el régimen de Nicolás Maduro, el Gobierno de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a altos funcionarios venezolanos y ha incrementado la recompensa por información que lleve a la captura del líder del régimen. El anuncio se produjo el mismo día en que Maduro fue juramentado como presidente para el período 2025-2031 en una Asamblea Nacional controlada por el chavismo, acto que la comunidad internacional ha calificado como ilegítimo.

Recompensas millonarias por Maduro y sus principales colaboradores

Estados Unidos ha elevado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro de 15 a 25 millones de dólares, calificándolo nuevamente como el líder del «Cartel de los Soles» y responsabilizándolo de actos de narcotráfico y corrupción a gran escala. La oferta también se extiende a Diosdado Cabello, considerado la segunda figura más poderosa del régimen, por quien se ofrecen otros 25 millones de dólares. Por su parte, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, se suma a la lista de buscados con una recompensa de 15 millones de dólares.

Estas medidas, según la administración del presidente Joe Biden, forman parte de un esfuerzo coordinado para debilitar las fuentes de financiamiento del régimen de Maduro y apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Nuevas sanciones de la OFAC a funcionarios clave

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha emitido sanciones contra ocho altos funcionarios venezolanos responsables de la represión política y la corrupción. Entre los sancionados se encuentran:

• Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la principal fuente de ingresos del país.

• Ramón Celestino Velásquez Araguayan, ministro de Transporte y presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA).

• Félix Ramón Osorio Guzmán, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Interior.

Otros funcionarios de seguridad vinculados a violaciones de derechos humanos también fueron sancionados:

• Danny Ramón Ferrer Sandrea, viceministro del Sistema Integrado de Investigaciones Penales.

• Douglas Arnoldo Rico González, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

• Jhonny Rafael Salazar Bello, subdirector del CICPC.

• Manuel Enrique Castillo Rengifo, subcomandante del Comando de Operaciones Estratégicas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

• José Ramón Figuera Valdez, comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) del Distrito Capital.

Bloqueo de activos y restricciones financieras

Las sanciones impuestas bloquean todos los bienes e intereses de estos funcionarios en Estados Unidos. Además, prohíben a cualquier persona o institución estadounidense realizar transacciones financieras con ellos. La medida busca paralizar la capacidad operativa del régimen y restringir su acceso a recursos internacionales.

Coordinación internacional y extensión del TPS

El anuncio de sanciones se realizó en conjunto con acciones similares por parte de la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, que buscan aislar aún más al gobierno de Maduro. Paralelamente, se confirmó la extensión por 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos residentes en Estados Unidos, como parte del apoyo a la diáspora que ha huido de la crisis humanitaria.

Contexto político y futuras medidas

Este nuevo paquete de sanciones refuerza las denuncias de la oposición venezolana, que ha señalado a Maduro como el responsable de un «golpe de Estado» tras unas elecciones plagadas de irregularidades. La administración Biden advirtió que analizará nuevas medidas para continuar presionando a la dictadura mientras evalúa restricciones adicionales sobre los activos venezolanos en el extranjero.

Aunque las sanciones no incluyen la cancelación de licencias a empresas extranjeras, como Chevron, para operar en Venezuela, las implicaciones financieras podrían profundizar la crisis económica del país, que depende en gran medida de sus ingresos petroleros.