En las últimas semanas, el Centro Agropecuario de Buga, ubicado en el Valle del Cauca, ha estado en el centro de una creciente polémica relacionada con el proceso de contratación de servicios personales para 2025. Lo que debería ser una acción clara, transparente y objetiva, ha sido, según diversas fuentes internas, completamente corrompido por intereses políticos y prácticas clientelistas. El Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA), una institución clave para la formación educativa en Colombia, está siendo afectada por la infiltración de la politiquería local.

Contrataciones a dedo: el fin de la meritocracia en el SENA

Según los testimonios que han llegado a la Junta Nacional y la Subdirectiva Regional Valle del Cauca de SINDESENA, las contrataciones en el Centro Agropecuario de Buga no siguen los lineamientos establecidos ni se rigen por la meritocracia. Lo que debería ser un procedimiento que privilegie la calidad profesional y la experiencia de los contratistas, ha dejado de serlo. En su lugar, se ha instaurado un sistema de cuotas políticas, donde se decide a quién se contrata no por su capacidad, sino por su vínculo con los políticos de turno.

Dentro de las paredes del Centro Agropecuario se escuchan frases como «¿Quién es tu padrino?», «¿A qué concejal le corresponde esta cuota?» y «Tenemos que sacar a estos para meter a los del partido». Estos comentarios reflejan la profunda corrupción y la politización del proceso de selección. A lo largo de este proceso, el comité de verificación, que debería velar por la idoneidad de los aspirantes, ha sido reemplazado por lo que algunos llaman un “aquelarre”, que de forma discrecional y arbitraria decide quién es digno de ocupar un cargo.

El rol de Duvalier Sánchez: ¿un impulso político para la politiquería?

El caso se complica aún más con la implicación de figuras políticas locales que estarían utilizando el SENA como un instrumento para sus propios intereses. El congresista Duvalier Sánchez, del Partido Verde, es señalado como uno de los principales responsables de permitir que esta práctica de cuotas políticas se haya fortalecido dentro del SENA. Fuentes cercanas aseguran que personajes como René Quintero, Jaiver Sarria, Fari Tabares y Yolver Gutiérrez, quienes gozarían del aval de Sánchez, han logrado infiltrarse en el proceso de selección, lo que compromete aún más la calidad educativa en la institución.

Lo más grave de todo es que, en lugar de velar por la mejora de la educación y la selección de los contratistas más capacitados, estos individuos parecen responder a los intereses de un grupo político, sin importar el daño que esto cause a la institución y a los estudiantes que dependen de la calidad del SENA.

¿Qué pasa con la estabilidad laboral y los derechos de los contratistas?

El panorama se torna aún más sombrío cuando se considera que alrededor de 130 contratistas con estabilidad laboral podrían ser removidos para cumplir con las cuotas políticas. Estos trabajadores, algunos de ellos con años de experiencia y dedicación al SENA, podrían verse desplazados para dar paso a aquellos que responden a las exigencias de los políticos, sin que se valore su trayectoria ni sus condiciones laborales.

Es alarmante ver cómo el proceso de selección y contratación en el SENA ha dejado de lado la calidad y el mérito, para priorizar los intereses de unos pocos que manejan el poder en los pasillos de la política local. Esta situación afecta directamente la formación que se les ofrece a los estudiantes y, lo que es peor, perpetúa un ciclo de corrupción y abuso que va en contra de los principios del servicio público.

La indiferencia del Director General del SENA

Frente a esta situación, es inaceptable la postura de silencio que ha adoptado el Director General del SENA, Jorge Eduardo Londoño. En lugar de actuar con firmeza para erradicar la corrupción y proteger los derechos laborales de los contratistas, el director parece ser cómplice de este entramado de clientelismo. En este contexto, su indiferencia ante las denuncias y su aparente desinterés por resolver el problema solo contribuyen a agravar la situación.

El SENA está siendo arrastrado por una politiquería que no tiene en cuenta el bienestar de los trabajadores, los estudiantes ni la calidad educativa. La institución, que debería ser ejemplo de transparencia y formación de calidad, se ve atrapada en un círculo vicioso de clientelismo político, cuyo único beneficiario es el entramado de poder que lo controla.

La respuesta del SENA y la esperanza de cambio

El Sindicato SINDESENA, a través de su Junta Nacional y Subdirectiva Regional Valle del Cauca, ha dejado claro su rechazo a este tipo de prácticas y continúa denunciando lo que califican como una auténtica masacre laboral. La situación que se vive en el Centro Agropecuario de Buga no es solo una irregularidad administrativa, sino un atentado directo contra la calidad de la educación pública en Colombia.

Es urgente que el SENA tome cartas en el asunto, restablezca los principios de transparencia y mérito, y ponga fin a la corrupción que está afectando gravemente la institución. Solo de esta manera se podrá garantizar que el servicio público educativo siga cumpliendo con su misión fundamental: formar a los colombianos con los mejores estándares de calidad y equidad.

Mientras tanto, los contratistas, los trabajadores y los estudiantes del SENA siguen esperando respuestas. El futuro del SENA depende de la capacidad de sus líderes para enfrentar la corrupción y devolverle a la educación pública la dignidad que merece.