Una fuerte controversia política y fiscal se desató tras conocerse la existencia de un contrato por $10.000 millones entre la Presidencia de la República y una firma extranjera vinculada al abogado estadounidense Daniel Kovalik, quien meses atrás aseguró públicamente que defendería “gratis y por convicción” al presidente Gustavo Petro frente a su inclusión en la llamada Lista Clinton.

El contrato, suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la empresa Amadeus Consultancy Limited, tiene como objeto la prestación de servicios de asesoría especializada en regímenes internacionales de sanciones financieras. La particularidad del acuerdo radica en que el representante legal de la firma es el propio Kovalik, lo que ha levantado serios cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso público del abogado y el uso de recursos del Estado.

De la defensa “pro bono” al contrato millonario

En declaraciones previas a medios nacionales, Kovalik afirmó que asumiría la defensa del presidente Petro de manera gratuita. “Lo hago por la causa, porque creo en Petro”, señaló entonces. No obstante, la revelación del contrato contradice esa narrativa y abre interrogantes sobre si, en la práctica, la defensa internacional del mandatario estaría siendo financiada con recursos públicos.

La información fue revelada inicialmente por Germán Ricaurte, director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga y candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, quien calificó el hecho como un “abuso” y cuestionó que dineros del Estado se destinen a lo que podría ser una contingencia de carácter personal del presidente.

Denuncia ante la Contraloría y advertencia de riesgo fiscal

Tras la publicación del contrato, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, solicitando una actuación especial y urgente. Según el cabildante, el expediente contractual presenta indicadores de riesgo fiscal relevantes, tanto por la cuantía del contrato como por la naturaleza de los servicios prestados.

En el documento radicado ante el ente de control se advierte que podría estarse utilizando una contratación institucional para atender asuntos que no responden a una finalidad pública, sino a intereses particulares de altos funcionarios. De confirmarse, esto configuraría un posible detrimento patrimonial y una desviación del gasto público.

Cuestionamientos a la contratación directa

Otro de los puntos críticos señalados en la denuncia es la modalidad de contratación directa. Según De Bedout, no se evidencia una justificación técnica clara que sustente que Amadeus Consultancy Limited sea la única firma idónea para prestar este tipo de asesoría, lo que pone en duda el cumplimiento del principio de selección objetiva.

Además, se subraya la coincidencia temporal entre el contrato y los cuestionamientos públicos relacionados con sanciones internacionales que rodean al entorno del poder ejecutivo, lo que, según el concejal, incrementa el riesgo de que la asesoría esté siendo utilizada para gestionar situaciones jurídicas personales, y no estrictamente institucionales.

Reacciones políticas y presión al Gobierno

La polémica escaló al ámbito político nacional. La senadora María Fernanda Cabal calificó el hecho como una “farsa” y sostuvo que, si se trata de un proceso personal del presidente, este debería ser asumido como persona natural y no con recursos del Estado.

Desde el Gobierno, hasta el momento, no se ha ofrecido una explicación detallada que despeje las dudas sobre el alcance real del contrato ni sobre la aparente contradicción entre la defensa “pro bono” anunciada y la millonaria contratación revelada.

Un caso que pone a prueba la transparencia

Mientras la Contraloría evalúa si abre una investigación formal, el caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de recursos públicos, la delgada línea entre lo institucional y lo personal, y la coherencia entre el discurso político y los actos administrativos del Gobierno.

El desenlace de esta controversia será clave para determinar si se trató de una contratación legítima para proteger intereses del Estado o de un uso cuestionable del erario en beneficio de una defensa personal del jefe de Estado.