En la recta final del gobierno de Gustavo Petro, el debate político ya no gira tanto en torno a reformas, discursos o proyectos, sino alrededor de un fenómeno que se ha vuelto persistente: los líos judiciales de su círculo más cercano. No se trata de casos aislados ni de funcionarios secundarios; por el contrario, varios nombres clave de su entorno han sido señalados, investigados o incluso procesados por la justicia.

La lista es larga y políticamente sensible. Entre quienes han enfrentado cuestionamientos figuran asesores, ministros, directores de entidades y funcionarios estratégicos que, en su momento, contaron con la confianza directa del mandatario. Algunos están imputados, otros en investigación y otros ya enfrentan procesos avanzados, lo que proyecta una imagen de inestabilidad institucional alrededor del Ejecutivo.

Este panorama plantea una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto un presidente puede desligarse de los actos de quienes él mismo eligió para gobernar? Petro ha sostenido en varias ocasiones que no responde por las conductas individuales de sus funcionarios. Sin embargo, en la práctica política, la responsabilidad no es únicamente jurídica, sino también ética y administrativa. La confianza depositada en un equipo implica, en cierta medida, asumir el costo político de sus fallas.

Otro elemento que alimenta la controversia es la percepción de tolerancia frente a algunos casos. En situaciones específicas, funcionarios cuestionados han permanecido en cargos de influencia aun cuando enfrentan investigaciones o imputaciones. Esto no solo genera dudas sobre los criterios de permanencia en el gobierno, sino que también impacta la credibilidad del discurso anticorrupción que fue bandera central del proyecto político del actual presidente.

Desde una perspectiva más amplia, este escenario revela un problema estructural de la política colombiana: la dificultad de construir equipos de gobierno sólidos, transparentes y sostenibles. No es un fenómeno exclusivo de una administración, pero sí uno que adquiere mayor relevancia cuando se presenta en un gobierno que prometió un cambio profundo en las prácticas del poder.

En el fondo, el asunto trasciende las investigaciones puntuales. Lo que está en juego es la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando las noticias judiciales ocupan más espacio que los resultados de gestión, el mensaje que recibe la opinión pública es de fragilidad política y desgaste moral.

A pocos meses del final del mandato, el balance no se definirá solo por las reformas aprobadas o los indicadores sociales, sino también por la capacidad del gobierno para responder con transparencia y firmeza frente a los escándalos que han marcado su entorno. Porque, en política, el liderazgo no se mide únicamente por lo que se logra, sino también por cómo se enfrentan las crisis.