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La discusión sobre transparencia en la contratación pública volvió a encenderse en Colombia tras las revelaciones que rodean a la ministra Yannai Kadamari. Lo que comenzó como cuestionamientos por los contratos de su hermano, ahora se amplió con nuevos señalamientos sobre acuerdos firmados por su madre con entidades del Estado.
El caso ha tomado fuerza porque no se trata de un hecho aislado, sino de una cadena de contratos que, aunque legales en el papel, han despertado fuertes dudas políticas y éticas.
Los contratos de la madre
Según registros oficiales, la madre de la ministra habría firmado seis contratos durante el actual gobierno, principalmente en áreas de asesoría en comunicaciones.
Solo en enero de 2026 se conoció la firma de tres contratos simultáneos con entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional de Salud, que en conjunto superan los 313 millones de pesos.
Además, los antecedentes muestran continuidad en la contratación:
2023: contrato cercano a 48 millones
2024: contrato por más de 92 millones
2025: tres contratos que sumaron más de 141 millones
Esta seguidilla es lo que ha generado el mayor cuestionamiento público.
El antecedente del hermano
Antes de conocerse los contratos de la madre, ya existía controversia por acuerdos firmados por el hermano de la ministra con entidades estatales.
En ese momento, la polémica giró alrededor de posibles conflictos de interés, aunque desde el Gobierno se insistió en que se trataba de procesos legales dentro del sistema de contratación directa.
Sin embargo, la aparición de nuevos contratos dentro del mismo círculo familiar elevó la tensión política y mediática.
El debate de fondo: legalidad vs. ética
El núcleo del debate no está en la ilegalidad —ya que la contratación directa es un mecanismo permitido— sino en la percepción ciudadana.
Para muchos críticos, el problema es que la repetición de contratos dentro de una misma familia cercana al poder genera dudas sobre:
Equidad en el acceso a oportunidades públicas
Transparencia en la selección de contratistas
Posibles conflictos de interés
En política, la legitimidad no siempre se define solo por lo legal, sino por la confianza que se logra mantener.
Un reflejo de un problema estructural
Más allá del caso puntual, este episodio revive una discusión histórica en Colombia: la dificultad para separar completamente la contratación estatal de las redes de poder político y familiar.
Cada nueva revelación refuerza una percepción persistente en la opinión pública: que el acceso al Estado sigue estando concentrado en círculos cercanos al gobierno de turno.
Conclusión
La polémica no se limita a una ministra ni a una familia. En realidad, expone una falla estructural del sistema: la necesidad urgente de fortalecer los controles, evitar conflictos de interés y blindar la contratación pública de cualquier sospecha de favoritismo.





