La “paz total” del gobierno Petro, un ambicioso proyecto que busca poner fin al conflicto armado en Colombia, enfrenta un nuevo obstáculo: La amenaza de un paro campesino nacional indefinido en las regiones de Caquetá, Meta y Guaviare. La situación surge del incumplimiento de una reunión clave entre la delegación del Gobierno y la disidencia de las FARC comandada por Calarcá Córdoba, un encuentro que las comunidades campesinas consideraban vital para la transformación territorial.

Las comunidades, que habitan áreas colindantes con el Parque Nacional Natural Sierra del Chiribiquete, denuncian la falta de apoyo de varios ministerios, entre ellos Ambiente y Defensa, para avanzar en la agenda de la paz en sus territorios. Los campesinos acusan a estos ministerios de poner trabas a iniciativas de transformación territorial, sin ofrecer soluciones alternativas.

Esta situación no solo refleja la complejidad de la negociación de paz con las disidencias, sino también una aparente pugna interna dentro del gobierno Petro. Mientras que el presidente busca la “paz total”, algunos ministerios parecen estar más interesados en acciones militares que en soluciones de desarrollo y diálogo.

La amenaza de un paro campesino pone en evidencia la frustración de las comunidades que han sido históricamente marginadas y que ahora ven cómo sus aspiraciones de paz y desarrollo se esfuman ante la inacción del gobierno. No solo se trata de un llamado a la acción para que se cumpla con la agenda de paz, sino también una advertencia sobre el riesgo de que el conflicto se agudice y que la violencia se extienda a nuevas regiones.

El caso de la disidencia de Iván Mordisco, en confrontación con la facción de Calarcá, añade un nuevo elemento de preocupación. Las amenazas de Mordisco a las comunidades, incluyendo la advertencia sobre posibles muertes, demuestra la fragilidad de la situación y la necesidad de una estrategia más integral para la paz, una que no solo involucre negociaciones con las disidencias, sino también el desarrollo de programas sociales y la protección de los derechos de las comunidades más vulnerables.

La “paz total” es un proyecto ambicioso, pero también complejo. La falta de coherencia en las acciones del gobierno, la aparente falta de compromiso de algunos ministerios y la desatención a las necesidades de las comunidades ponen en riesgo el éxito de esta iniciativa. El presidente Petro debe actuar con contundencia para garantizar la unidad del gobierno en torno a la paz, impulsar la participación de las comunidades en la construcción de la paz y asegurar que la «paz total» no se convierta en una simple frase, sino en una realidad tangible para los colombianos.