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La sombra de Pacho Herrera tras Duvalier Sánchez y Andrés Felipe Ramírez: Denuncian el uso de tierras del narco para financiar su fortín político
Lo que la justicia se negó a callar, hoy sale a la luz como uno de los entramados más oscuros de la política reciente en el Valle del Cauca. Bajo las banderas de la «transparencia» y el «cambio», el actual congresista Duvalier Sánchez y el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, enfrentan una denuncia que conecta directamente su ascenso político con activos del extinto Cartel de Cali y una red de influencia institucional que se extiende hasta Boyacá.
El activo de la mafia: La Ciudadela de la Felicidad
El centro de la controversia es el proyecto urbanístico «Ciudadela de la Felicidad». Según la denuncia, este predio no es un terreno cualquiera: perteneció originalmente a Helmer ‘Pacho’ Herrera, el tercer hombre al mando del Cartel de Cali. El vínculo que permitió que este activo de la mafia terminara en el radar de la administración de Ramírez es familiar; su propia tía, Nohora Ramírez, fue cuñada del capo.
Bajo la gestión de Andrés Felipe Ramírez, y con el respaldo político de Duvalier Sánchez, se habría orquestado un plan para integrar este lote al mercado legal. Para ello, contaron con la ejecución de Jonathan Camargo, exsecretario de Gobierno, quien presuntamente modificó el uso del suelo de forma irregular, saltándose el control del Concejo Municipal para viabilizar lo que hoy se señala como una sofisticada operación de blanqueo de activos.
El apalancamiento: Clanes y cuotas estatales
La denuncia revela que este grupo político no actúa solo. Para sostener su estructura y financiar sus actuales aspiraciones al Congreso, se habrían apalancado en una red de cuotas institucionales estratégicamente distribuidas:
El Eje Boyacá-Valle: El control del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) habría sido entregado al Clan Amaya de Boyacá, aliados clave en la maquinaria de Duvalier Sánchez.
Fortín Burocrático: Instituciones como el SENA y el Ministerio de Trabajo, otorgadas por el Gobierno Nacional, estarían operando como el motor de apoyo para las campañas de este sector del Partido Verde, sumado al respaldo del histórico Clan de los López en el Valle.
El fracaso de la censura
Ante la gravedad de estas revelaciones, Duvalier Sánchez y Andrés Felipe Ramírez intentaron silenciar la denuncia mediante el acoso judicial. Interpusieron tres demandas penales por injuria y calumnia, buscando ocultar el expediente. Sin embargo, los jueces de la República desestimaron sus pretensiones, declarando las denuncias como improcedentes y blindando el derecho a informar sobre este presunto robo a las familias vulnerables.
Un llamado a la coherencia
Hoy, mientras el presidente Gustavo Petro denuncia que los testaferros siguen manejando los hilos de la SAE, sus aliados en el Valle parecen personificar esa misma realidad. ¿Cómo explica Duvalier Sánchez que su fortín electoral se levante sobre las tierras de ‘Pacho’ Herrera? ¿Por qué la SAE no recuperó este activo?
La opinión pública y los entes de control tienen ahora la palabra sobre este «expediente oculto» que los implicados intentaron, sin éxito, enterrar en los estrados.
