En medio de una ola de violencia imparable, la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro se encuentra en un punto crítico. A pesar de los intentos de diálogo con grupos armados ilegales y la promesa de ceses al fuego, los hechos recientes, como el ataque a una base militar en Arauca que resultó en la muerte de dos soldados, nos hacen cuestionar la efectividad de estas medidas. El mismo Petro ha expresado que este ataque “cierra el proceso de paz con sangre”, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad de su estrategia.

La ambiciosa política de paz, que inicialmente prometía acuerdos rápidos, ahora parece tambalear ante la dura realidad de una violencia que no cede. El reciente pronunciamiento de Antonio García, líder del ELN, señala la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, dejando al descubierto la fragilidad del proceso. La división interna del ELN, entre aquellos que buscan avanzar hacia la paz y otros que prefieren continuar la lucha armada, solo complica más el escenario.

A pesar de los esfuerzos y las inversiones en iniciativas de paz, la población civil sigue pagando el precio más alto. Con 49 masacres registradas en lo que va de 2024, la situación es alarmante. No solo se trata de un conflicto que se siente en las zonas más alejadas del país, sino que también afecta a regiones como el Valle del Cauca y Antioquia. La violencia, las amenazas y los asesinatos de líderes sociales son una constante que pone en entredicho la seguridad y la convivencia en nuestras comunidades.

La reciente intimidación a los habitantes de Sumapaz por parte de disidencias de las FARC, aunque aún no corroborada por las autoridades, refleja un estado de desasosiego generalizado. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones contundentes, no más discursos vacíos que prometen paz mientras se observa un aumento de la violencia en las calles.

La situación actual demanda una reflexión profunda sobre la efectividad de la política de “paz total” y la necesidad de una estrategia integral que no solo contemple el diálogo, sino que también aborde de manera directa las causas estructurales de la violencia en Colombia. La paz no puede ser solo un anhelo; debe ser una realidad palpable que garantice la seguridad y el bienestar de todos los colombianos.

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