En un inquietante giro de los acontecimientos, la Superintendencia de Salud ha revelado un escándalo de corrupción que involucra a varias Empresas Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, entre ellas Emssanar, que ha estado bajo intervención desde mayo de 2022. CAMBIO ha obtenido informes y documentos que evidencian cómo se estarían desviando recursos de la salud a través de esta EPS, a partir de la intervención del agente César Augusto Sánchez Gutiérrez, nombrado hace apenas cinco meses.

La figura central de este escándalo es Mario Andrés Urán, un lobista reconocido en el sector salud, quien, según las autoridades, ha utilizado sus influencias para beneficiar a empresas relacionadas con él en el proceso de contratación de EPS. Las denuncias sobre los supuestos malos manejos fueron encendidas por el saliente superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien advirtió que la presunta corrupción no solo afecta a Emssanar, sino también a otras EPS intervenidas como Asmet Salud y SOS EPS.

El agente interventor Sánchez, quien fue designado por la misma superintendencia, se ha visto vinculado a Urán, ya que ambos trabajaron juntos en Caprecom. Las irregularidades apuntan a que Sánchez favoreció a empresas como Maca Supply y Crono Investment, propiedad de su amigo Camilo Méndez, en la adjudicación de contratos sin el respaldo de la experiencia requerida. De acuerdo con la Superintendencia, los pagos a proveedores de materiales en Emssanar se dispararon de manera alarmante, saltando de un promedio de 3.115 millones de pesos a más de 5.200 millones tras la llegada de Sánchez, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de estos contratos.

Las pruebas también sugieren que Maca Supply falsificó certificaciones de experiencia y documentos, incluyendo un contrato con la Nueva EPS que nunca fue válido, lo que subraya la gravedad del escándalo. La contratación de Crono Investment por 780 millones de pesos para asesoría, a pesar de que Emssanar cuenta con un equipo legal capacitado, refleja una clara falta de ética y un posible mal uso de los recursos de la EPS.

A pesar de estas revelaciones, el superintendente Leal ha asegurado que no recibió presiones para nombrar a Sánchez y ha instado a las autoridades a investigar a fondo. Sin embargo, la falta de respuestas claras y la prolongada inacción en el sector salud han alimentado la desconfianza pública.

Mario Urán, a través de su abogado, ha rechazado cualquier acusación de influencia indebida en los contratos adjudicados. Sin embargo, su nombre está vinculado a un esquema de corrupción que amenaza la integridad del sistema de salud colombiano y plantea serias preguntas sobre la eficacia de las intervenciones gubernamentales.

Este escándalo no solo expone las vulnerabilidades del sistema de salud, sino que también refleja la falta de controles efectivos y la posibilidad de que los recursos destinados a la salud pública sean desviados a manos de unos pocos. La situación demanda una respuesta inmediata y contundente de las autoridades para restaurar la confianza en el sector y asegurar que los recursos sean utilizados en beneficio de la población, no en el enriquecimiento de unos pocos. La salud de los colombianos no puede ser un juego de poder ni un botín en manos de corruptos.