La reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro sigue avanzando en el Congreso de la República, generando cada vez más polémica entre los sectores empresariales. Si bien esta iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, la realidad es que muchos pequeños y medianos empresarios sienten que esta reforma los pondrá contra las cuerdas.

Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el rechazo ha sido rotundo. El gremio asegura que la reforma, en su estado actual, aumenta las cargas laborales, pone en riesgo la estabilidad de las empresas más vulnerables y, en última instancia, compromete la productividad del país. ¿Pero es esto realmente así? Veamos algunos de los puntos más controvertidos.

El impuesto a la nómina encubierto

Uno de los aspectos más criticados por las pequeñas empresas es la obligatoriedad de contratar a aprendices del Sena. Si esta entidad no puede suministrar los aprendices, las empresas tendrán que pagar un monto equivalente a 1,8 salarios mínimos (alrededor de $2.340.000) por cada aprendiz no vinculado. Esto ha sido descrito por Acopi como un «impuesto a la nómina» que afectará especialmente a las empresas más pequeñas, las cuales ya enfrentan enormes dificultades para cubrir sus gastos básicos.

La idea de promover la formación laboral mediante aprendices no es en sí negativa, pero imponer una sanción económica tan elevada a las empresas que no cumplan con esta cuota, sin tener en cuenta sus capacidades reales, podría llevar a una cascada de cierres de negocios, especialmente en sectores donde los márgenes de ganancia son pequeños.

El dilema del contrato a término indefinido

Otro tema crucial es la obligación de que el contrato a término indefinido sea la norma general para las contrataciones. Si bien esto protege al trabajador, también coloca a los empresarios en una situación de alta incertidumbre. La dinámica de las pequeñas empresas es muy distinta a la de las grandes corporaciones: las ventas fluctúan, los ingresos no siempre son predecibles y mantener una planta de personal permanente se vuelve insostenible cuando el mercado no acompaña.

Este tipo de medidas, diseñadas para proteger al empleado, pueden terminar asfixiando a los empleadores más pequeños, los cuales se verán obligados a elegir entre reducir su personal o, en el peor de los casos, cerrar sus puertas.

Costos laborales al alza

La reforma también incluye cambios en la jornada laboral nocturna, la cual comenzará a las 7:00 p.m. en lugar de las 9:00 p.m., lo que obligará a las empresas a pagar dos horas más de recargo nocturno. Para muchas pymes, esto representa un aumento significativo en sus costos operativos, algo que, en tiempos de incertidumbre económica, puede ser devastador.

Además, se incrementan las indemnizaciones por despido injustificado hasta en un 100%, lo que aumenta el riesgo para los empleadores, quienes ahora deberán pensarlo dos veces antes de ajustar su personal según las necesidades del mercado.

¿A quién protege realmente la reforma?

En teoría, esta reforma busca mejorar las condiciones laborales y reducir la informalidad, pero parece que sus efectos inmediatos pueden ser los contrarios. Al imponer más cargas a los pequeños empresarios, lo que se podría ver es una disminución en la contratación formal, empujando a muchas empresas a buscar alternativas menos onerosas, como la informalidad o la subcontratación.

Si bien es cierto que la protección del trabajador es fundamental, también lo es la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que son las que generan más del 80% del empleo en Colombia. Sin ellas, el mercado laboral formal se verá aún más debilitado.

La productividad en riesgo

Otro punto que genera preocupación es la tendencia a reducir la productividad. La reforma plantea aumentar la licencia de paternidad de dos a seis semanas, lo que, aunque es un avance social importante, también puede generar complicaciones operativas para las pymes que no tienen los recursos para contratar personal temporal. A esto se suman los dos días de la familia y las dos horas lúdicas semanales, lo que reduce aún más el tiempo efectivo de trabajo.

Una reforma con consecuencias imprevistas

Si bien no se puede negar que la intención detrás de esta reforma es loable, es necesario preguntarse si las medidas que propone son viables para todos los actores de la economía. Las grandes empresas probablemente podrán absorber estos cambios, pero para las pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de la economía colombiana, puede significar el inicio de un declive.

El Congreso de la República tiene la responsabilidad de aprobar leyes que equilibren los derechos de los trabajadores con la capacidad de los empleadores de sostener sus negocios. En este sentido, es vital que los impactos económicos y sociales de esta reforma sean medidos con precisión antes de su aprobación final.

Es imperativo que no se legisle en abstracto. Las pequeñas y medianas empresas no son solo un grupo de estadísticas, son personas, familias y comunidades que dependen de su supervivencia. Si realmente queremos un país más justo y productivo, las reformas deben ser inclusivas, equilibradas y sostenibles para todos.