En La Guajira, la realidad siempre supera a la ficción, pero la última explicación del Secretario General de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, desafía incluso la lógica del realismo mágico. Según su defensa, los 145 millones de pesos hallados en un fajo de sobres dentro de un Toyota Corolla eran para «comprar un carro». Sin embargo, al abrir el baúl, lo que apareció no fue un contrato de compraventa, sino la «nómina» de una maquinaria electoral en plena aceitada.

El «quién es quién» de los nombres marcados en esos sobres dibuja un mapa que no conduce a ningún concesionario de Maicao, sino directamente a las urnas de los corregimientos más estratégicos del departamento.

La aritmética del poder

No es coincidencia que el dinero viajara escoltado por propaganda de Daniel Restrepo, el alfil del senador antioqueño Carlos Trujillo. En el departamento se preguntan: ¿Qué hacían los nombres de los concejales de Riohacha, Ghandy Romero, Kevin Castillo y Christian Bermúdez, en la misma bolsa que el efectivo? Si el dinero era para un vehículo, ¿por qué segmentarlo en sobres con los nombres de quienes mueven los hilos en las barriadas de la capital?

El rastro llega hasta Aremasain, en Manaure, donde el nombre de Débora Barros Fince —lideresa con conexiones en la Secretaría Jurídica de Uribia— sugiere que la «permuta» no era de latas y motores, sino de favores y apoyos en la Alta Guajira.

Rosa Pacheco: El puente de plata

El nombre de la exdiputada Rosa Pacheco es quizás el más diciente. Hermana del gerente de campaña de Marta Peralta en Riohacha, su mención en este entramado evidencia que las alianzas en La Guajira son líquidas: se mezclan colores políticos bajo el calor del efectivo. ¿Es creíble que una figura de su estatura política estuviera involucrada en la logística de un simple negocio de segunda mano?

El «No» de la justicia y el «Sí» de la sospecha

Aunque un juez de control de garantías dejó en libertad al escolta por fallos en el procedimiento de captura, la mancha queda. La Unidad de Justicia de El País y otros medios regionales han puesto el dedo en la llaga: el uso de esquemas de la UNP para transportar propaganda y sumas millonarias de dinero es, por decir lo menos, una bofetada a la transparencia.

La narrativa de Lacouture se desmorona frente a un hecho simple: los carros se compran con transferencias, pero las lealtades en vísperas de elecciones se suelen pagar en sobres.

Si el Secretario pretende que el país crea que esos 145 millones eran para un Toyota, tendrá que explicar por qué el «vendedor» del vehículo tiene tantos nombres de concejales y líderes de corregimiento. Por ahora, en La Guajira, el motor que ruge no es el del Corolla, sino el de una maquinaria que, a juzgar por los hallazgos, tiene el tanque lleno de billetes.