El presidente Gustavo Petro volvió a sacudir el tablero político del país. Esta vez, con la Resolución 327 de 2025, firmada por él mismo, que designa a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz hasta el final de su mandato, el 6 de agosto de 2026. Entre los nombres figuran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”) y Hernán Giraldo Serna (“El Alemán”), tres de los jefes más temidos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El documento oficial aclara que este reconocimiento “no modifica su situación jurídica” y que los exparas tendrán un rol activo en el diseño e implementación de estrategias de paz, enmarcadas en planes de trabajo excepcionales, temporales y territoriales. Es decir, no hay beneficios judiciales inmediatos, pero sí un espacio político y simbólico para quienes cargan con cientos de crímenes atroces en su historial.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la resolución con una frase que desató aún más debate: “Quien critique esta resolución lo acuso de tenerle miedo a la verdad, o hasta de ser cómplice de lo que haya pasado”. Para Benedetti, la presencia de los exparas en estos procesos es necesaria para reconstruir el tejido social, reparar y aportar a la verdad judicial.

La escena en Montería, en la que Petro intercambió sombreros con Mancuso durante la entrega de tierras, ya había generado un fuerte simbolismo de reconciliación. Pero ahora, con la firma del decreto, el gobierno oficializa la apuesta: integrar a los exparas en la estrategia de paz como actores institucionales.

Aquí se abren las preguntas de fondo: ¿puede un país avanzar hacia la reconciliación sin incluir a quienes fueron protagonistas del conflicto? ¿O corre el riesgo de legitimar y hasta enaltecer a los victimarios, como advierten los críticos?

La decisión muestra con claridad que Petro no solo busca diálogo con grupos armados aún activos, sino que quiere “finiquitar” el proceso inconcluso de las AUC. Para el presidente, no se trata solo de armas, sino de verdad: esa verdad incómoda sobre políticos, empresarios y militares que apoyaron al paramilitarismo y que, según él, sigue oculta.

El problema, como ya lo han señalado voces críticas, es la frontera borrosa entre reconocimiento y exaltación. Una frontera que el gobierno Petro parece dispuesto a tensar, aunque implique un alto costo político y una polarización creciente.

La apuesta es arriesgada. Puede abrir caminos a una verdad más completa y a una reparación simbólica que las víctimas reclaman. Pero también puede convertirse en una herida política difícil de cerrar, donde el “perdón social” se perciba más como cálculo electoral que como un verdadero paso hacia la reconciliación nacional.