En una reciente entrevista, con Martillo,  la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, abordó la crítica situación de seguridad en la región. Expresó su preocupación por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como disidencias y el Clan del Golfo, en áreas como el Bajo Calima en Buenaventura y el Cañón de Garrapatas en el norte del departamento. Estos conflictos han resultado en desplazamientos forzados y afectaciones a la población civil.

La mandataria enfatizó la necesidad de una estrategia conjunta entre los departamentos del Pacífico colombiano (Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño) para abordar la problemática de seguridad. Señaló que, aunque ha habido apoyo en términos de aumento de fuerza pública, es indispensable un respaldo más integral del Gobierno Nacional, incluyendo recursos para operaciones y horas de vuelo que permitan a las fuerzas militares y de policía actuar de manera efectiva.

Además, Toro destacó la importancia de la inversión social en zonas rurales afectadas por la violencia. Mencionó iniciativas en municipios como Jamundí, donde se están implementando proyectos agrícolas con comunidades campesinas e indígenas. Sin embargo, subrayó que estos esfuerzos requieren mayor apoyo financiero y logístico para ser sostenibles y generar un impacto significativo.

La gobernadora también criticó la estrategia de «paz total» del Gobierno Nacional, argumentando que, en lugar de reducir la violencia, ha permitido que grupos armados ilegales se fortalezcan. Indicó que, tras el levantamiento del cese al fuego, estos grupos han incrementado sus actividades delictivas, incluyendo atentados terroristas con el uso de drones, lo que ha obligado a la administración departamental a adquirir tecnología antidrones para contrarrestar estas amenazas.

Finalmente, Toro hizo un llamado a la articulación entre las autoridades locales, departamentales y nacionales para implementar una política de seguridad efectiva en el Pacífico colombiano. Anunció su intención de plantear este tema en la próxima Asamblea de Gobernadores, buscando establecer una estrategia conjunta que aborde tanto la seguridad como la inversión social en las regiones más afectadas por la violencia.