La reciente publicación de un estudio de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, elaborado por AtlasIntel y difundido por Semana, ha generado un debate intenso sobre su legalidad y las motivaciones detrás de las reacciones oficiales.

El estudio, que ubica al abogado Abelardo de la Espriella como favorito, fue presentado como una encuesta con márgenes de error y niveles de confianza, pero su metodología digital no cumple con la Ley 2494 de 2025, que exige muestreo probabilístico para garantizar representatividad. Bajo la normativa, estudios no probabilísticos deberían considerarse sondeos, cuya publicación sobre intención de voto está prohibida.

El gobierno, el más incómodo

El llamado del Ministro del Interior, Armando Benedetti, al Consejo Nacional Electoral (CNE) ha generado críticas: aunque Benedetti asegura defender la legalidad, varios analistas advierten que su intervención revela un claro interés en proteger al candidato que le conviene, generando desconfianza sobre la imparcialidad del gobierno en el proceso electoral.

“Como ministro hago un llamado al CNE porque la Ley de Encuestas ha sido violada en el día de hoy por AtlasIntel y la Revista Semana”, dijo Benedetti. Sin embargo, críticos señalan que el tono de su advertencia coincide con el escenario de la encuesta, donde su candidato no aparece como favorito, y que más que garantizar transparencia, la acción busca frenar la difusión de información incómoda para el gobierno.

Entre legalidad y manipulación mediática

La encuesta utiliza un método de reclutamiento digital en el que los encuestados son seleccionados mientras navegan por internet, geolocalizados por dispositivo, sin muestreo probabilístico real. Aunque se ajustó la muestra con postestratificación, no cumple los estándares de representatividad exigidos por la ley.

Expertos advierten que la publicación de este tipo de “encuestas” puede influir en la percepción ciudadana, especialmente en un contexto preelectoral, y que la reacción del gobierno refleja un intento de controlar narrativas incómodas en lugar de simplemente defender la legalidad.

Conclusión

La polémica de AtlasIntel evidencia la tensión entre regulación electoral y maniobras políticas. Mientras el CNE analiza el caso, queda claro que el estudio incomoda al gobierno y que la defensa de Benedetti apunta más a proteger intereses partidistas que a garantizar transparencia en la información electoral.